El universo startup español no para de crecer. Hace apenas unas semanas contábamos que la inversión ha aumentado un 15% interanual en los 9 primeros meses del año, hasta alcanzar los 2.606 millones de euros.
Pero más allá de la financiación, que es fundamental, este ecosistema también se enfrente a múltiples retos legales, que van desde la adaptación al marco normativo hasta la protección de su innovación, pasando por la elección de la estructura societaria de las empresas, entre otros muchos.
Múltiples retos legales
Con el fin conocer mejor todos estos retos legales, el abogado Ignacio Arce, responsable de Ontier NextGen, nos ha respondido a algunas preguntas a este respecto.
Un marco regulatorio en evolución
La ley suele ir siempre por detrás de la innovación, por lo que algunas startups pueden tener chocar con el marco regulatorio. La buena noticia es que vamos avanzando.
“España, en particular, y Europa, en general, parece que avanzan hacia un modelo más equilibrado entre regulación y promoción de la innovación. Iniciativas como la Ley de Startups, los sandbox regulatorios o los nuevos programas europeos de financiación en digitalización y sostenibilidad demuestran un cambio de enfoque. Nosotros pensamos que se debe regular, pero siempre con vocación de acompañar y no de limitar a las startups”, declara el experto.
Pese a estos progresos, advierte que la fragmentación normativa sigue suponiendo un desafío. “La Ley de Startups ha supuesto un cierto avance, pero no ha sido todo lo ambiciosa que debería. Hay ámbitos (stock options, incentivos, fiscalidad internacional) donde aún falta convergencia con los grandes polos de inversión global para poder ser realmente competitivos”, expone.
Sectores regulados
Tampoco hay que desdeñar los retos legales que han de afrontar las empresas que operan en sectores regulados, como IA, fintech o telecomunicaciones, por ejemplo.
“Los sectores regulados concentran hoy gran parte de las rondas más relevantes. Eso exige alinear la operación con un marco normativo en continua evolución, especialmente en la Unión Europea”, apunta Arce.
“En inteligencia artificial, por ejemplo, la entrada en vigor del AI Act europeo va a obligar a las startups a acreditar cumplimiento normativo desde la fase de due diligence, algo que hasta ahora se daba por supuesto”, detalla.
En el caso de las fintech, recuerda que las licencias del Banco de España o la CNMV son determinantes. “Hemos visto operaciones bloqueadas o diluidas por no haber definido si la actividad requería autorización previa”, reseña.
Y cuanto al sector de las telecomunicaciones, señala que “se mantiene la tendencia de los últimos años, donde el riesgo gira en torno a la transferencia internacional de información y la ciberseguridad, para las que el inversor suele exigir garantías contractuales muy específicas”.
Protección de la innovación
Uno de los elementos diferenciales de las startups es su componente innovador. Así pues, la protección de sus activos intangibles, como datos, software o propiedad intelectual, es esencial.
“Un altísimo porcentaje del valor de las startups hoy en día se concentra en sus activos intangibles: código, bases de datos, marca, know-how, etc. Sin embargo, en muchas ocasiones, estos activos no están protegidos correctamente. Por ejemplo, desarrollos sin cesión formal por parte de programadores externos o freelancers, o marcas registradas a nombre de personas físicas y no de la propia compañía”, detalla Arce.
Proteger dichos intangibles puede condicionar decisivamente el futuro de cualquier startup. Por ejemplo, señala que Ontier NextGen ha asesorado a una compañía tecnológica que ha aumentado sustancialmente su valoración tras regularizar los derechos de explotación de su software y registrar los algoritmos a nivel europeo.
“Sin propiedad intelectual bien estructurada, ya no va a haber due diligence que aguante”, sentencia.
Estructura societaria y pactos entre socios
La entrada de inversores en rondas de financiación conlleva acuerdos e implica la remodelación de la estructura de las empresas, abriendo un nuevo frente de retos legales para las startups.
“El aumento de la inversión está profesionalizando el ecosistema y trasladando al mercado español una mayor sofisticación en el diseño de estructuras. Cada vez es más habitual que las startups adopten esquemas más cercanos a los estándares internacionales, con holdings en jurisdicciones como Delaware o Países Bajos; o vehículos intermedios en España que facilitan la entrada de fondos extranjeros”, señala el experto.
“También vemos una clara evolución en los pactos de socios, en lo que cada vez más se busca un equilibrio real entre fundadores e inversores, incorporando mecanismos como reverse vestings o cláusulas de control reforzado o veto para determinadas decisiones estratégicas”, añade.
Por ejemplo, destaca que su compañía ha asesorado recientemente operaciones en las que incluso startups en fases tempranas están buscando term sheets semiprofesionalizados, con el fin de reducir tensiones en rondas posteriores.
Por otro lado, Arce anota algunos de los errores legales que suelen cometer las startups al profesionalizarse o captar capital internacional.
“Más allá de la fiscalidad, los errores más frecuentes tienen que ver con la falta de coherencia entre la forma jurídica y la realidad del negocio, el uso inadecuado de instrumentos híbridos —como Simple Agreement for Future Equity (SAFE), préstamos participativos o no participativos, etc.— y la ausencia de una hoja de ruta legal clara que acompañe el crecimiento”, especifica.
