España suspende en competitividad fiscal y complejidad normativa

La presión fiscal suele ser una de las quejas más habituales de los emprendedores. Y parece sus protestas están más que justificadas.

Según el informe Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2025, elaborado por la Tax Foundation, España está en el puesto 34º entre los 38 países de la OCDE.

Nuestro país tiene una puntuación de 57,9 puntos sobre 100. Esto nos coloca 11,5 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea y 12,2 p.p. por debajo de la media de la OCDE.

Nos situamos a la cola de la clasificación, tras perder 5 posiciones desde 2018, lo que refleja un deterioro continuado de nuestra competitividad fiscal relativa.

Elevada presión fiscal

A partir del Índice de Competitividad Fiscal, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) desarrolla el indicador de presión fiscal normativa, que nos da una idea de la carga derivada del diseño legal del sistema tributario.

En este caso, España ocupa el quinto puesto. Tenemos una presión fiscal un 16,6% superior a la media de los países de la UE y un 17,6% por encima de la OCDE. Sólo nos superan Francia (134 p.), Italia (127,5 p.), Colombia (126,4 p.) y Polonia (121,2 p.)

Cabe señalar que la presión fiscal en términos de recaudación aumentó en España en 2,3 puntos de PIB entre 2018 y 2024. Por el contrario, la media europea descendió en 0,6 puntos en el mismo periodo.

El IEE explica que parte de esta diferencia responde a factores estructurales, como el mayor desempleo y la economía sumergida. De este modo, estima que “la convergencia con los niveles medios europeos en estos ámbitos podría elevar la recaudación en más de 39.000 millones de euros sin necesidad de aumentar los impuestos”.

¿Quiénes lideran en competitividad fiscal?

Encabezan la clasificación Estonia (100 puntos), Letonia (92,8 p.), Nueva Zelanda (87,8 p.), Suiza (86 p.), Lituania (81,8 p.) y Luxemburgo (81 p.).

Por debajo de España, cierran la lista Polonia (54,7 p.), Colombia (51,1 p.), Italia (50,3 p.) y Francia (45,8 p.).

El IEE explica que los países que ofrecen mayor competitividad fiscal suelen contar con sistemas tributarios más simples, neutrales y orientados a favorecer la inversión y el crecimiento económico.

Por el contrario, las economías peor posicionadas se caracterizan generalmente por tener una mayor complejidad normativa, una carga fiscal más elevada sobre la inversión y la presencia de impuestos que generan mayores distorsiones económicas.

Las empresas, las más perjudicadas

El déficit de competitividad fiscal de España penaliza particularmente a las empresas. De acuerdo con el estudio, soportan una presión fiscal empresarial superior a la media europea, tanto en términos de recaudación como de PIB.

“En 2024, las empresas aportaron el 33,9% de los ingresos públicos, frente al 26% de la UE-27. Y su carga fiscal equivalió al 12,5% del PIB, por encima del promedio europeo del 10,3%. Además, entre 2018 y 2024 esta presión aumentó con más intensidad en España que en la UE”, apunta el IEE.

También recalca que “el Impuesto sobre Sociedades y la tributación del capital sitúan a España en una posición relativamente desfavorable frente a su entorno europeo”.

“El tipo nominal del impuesto alcanza el 25%, por encima de la media de la UE, y la carga combinada sobre beneficios distribuidos (al sumar el impuesto sobre sociedades y dividendos) llega al 47,5%, frente al 38,8% europeo. A ello se añaden unas cotizaciones sociales empresariales elevadas, equivalentes al 9,5% del PIB, frente al 7,1% de la UE”, aclara.

Además, hace hincapié en que “la competitividad fiscal no depende únicamente del tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades, sino de la carga fiscal efectiva que soporta una inversión, de las cotizaciones sociales empresariales, de la complejidad normativa y de la estabilidad del marco tributario”.

Por tanto, advierte que la presión fiscal influye directamente en las decisiones de inversión, contratación, ampliación de capacidad productiva, innovación y localización de proyectos.

El problema añadido de la burocracia

Por si fuera poco, a todo ello hay que sumar la complejidad normativa. Por ejemplo, el papeleo hace que las empresas pierdan 5.500 euros por empleado al año. Asimismo, en este artículo hablábamos de ciertas barreras legales a las que se enfrentar las pymes al aumentar el número de trabajadores.

“La complejidad fiscal es un factor clave de competitividad, ya que las empresas no sólo soportan el coste de los impuestos que pagan, sino también el esfuerzo administrativo necesario para cumplir con sus obligaciones. En España, este problema resulta especialmente relevante para las pymes, con menor capacidad para asumir costes de asesoramiento, adaptación normativa y gestión”, apunta el IEE.

“Según el Índice de Complejidad Fiscal, España registra un valor de 114,8, por encima de la media de la UE, situada en 100; y de la OCDE, en 103,4. Esta mayor complejidad se refleja, asimismo, en los costes de cumplimiento tributario. La mediana de horas que las empresas españolas dedican anualmente a preparar, presentar y pagar impuestos asciende a 150 horas, frente a las 113 horas en la Unión Europea y 92 horas en la OCDE. Esto confirma que la desventaja fiscal española también es regulatoria y administrativa”, puntualiza.