“El voto electrónico tiene una serie de peculiaridades frente a otros tipo de operaciones telemáticas como el comercio electrónico o la banca online, por ejemplo. El votante sólo ve las opciones de voto y escoge. Pero lo que hay detrás es complejo y requiere criptografía de muy alto nivel para garantizar la privacidad, la integridad de los votos, la confidencialidad del votante y la auditabilidad de la elección, entre otros aspectos. Así, hay que autenticar bien a la persona que vota y garantizar su privacidad y el secreto del voto. Lo mismo pasa con la verificabilidad del proceso. Cuando compras algo, es fácil comprobar que la transacción se ha hecho correctamente. En cambio, cuando envías un voto, verificar que ha sido contado presenta cierta complejidad. Son requerimientos para los que hemos desarrollado soluciones de seguridad muy específicas, mientras que nuestra competencia ofrece medidas estándar. Esto nos permitió tener una solución diferencial en el momento en el que este mercado arrancaba”, afirma el director general de la empresa.
Reunir estos requisitos de seguridad es fundamental para firmar cada contrato, puesto que todos los países establecen controles que garantizan que las soluciones cumplen con sus exigencias. “En toda elección hay un proceso de certificación previo. Los gobiernos contratan a expertos criptográficos que revisan la seguridad del sistema para comprobar que garanticen los requisitos básicos de unas elecciones. Además, cuentan con auditores que revisan el código fuente para asegurarse de que el software implemente los protocolos criptográficos de forma correcta”, precisa Vallès.
