El 47,3% de autónomos y pymes desconoce el nuevo sistema de facturación VeriFactu 

La mitad de los autónomos y pymes españoles (un 47,3%) todavía desconoce la existencia de Verifactu –el nuevo sistema de facturación electrónica promovido por la Agencia Tributaria– o su fecha de obligatoriedad, según una encuesta realizada por Legálitas Negocios en la que han participado más de 1.600 emprendedores. 

De acuerdo con la normativa, el uso de este sistema será imperativo a partir del 1 de enero de 2026 para las sociedades limitadas, sociedades anónimas o cualquier otra forma societaria que cumpla con los requisitos. A partir del 1 de julio del mismo año, la obligación se extenderá a los trabajadores autónomos y su incumplimiento podría acarrear sanciones de hasta 50.000 euros por ejercicio fiscal.

A pesar de que la infraestructura técnica que permite la emisión y validación de facturas en tiempo real ya se encuentra en funcionamiento, un 25,4% de los encuestados reconoce no haber iniciado todavía el proceso.

Solo un 27,4% de los empresarios consultados afirma conocer y estar implantando VeriFactu. Esto evidencia el desconocimiento generalizado y la falta de preparación del sector ante una reforma que cambiará el modo de emitir y comunicar facturas a la Agencia Tributaria en tiempo real.

¿Qué es VeriFactu?

Verifactu es el término coloquial referido a los requisitos técnicos que deben cumplir los programas informáticos de facturación para que las facturas emitidas sean consideradas válidas por Hacienda. 

Su implementación servirá para combatir el fraude fiscal y digitalizar los procesos de facturación de empresas y autónomos. Por lo que, con esta plataforma se garantizará la transparencia y trazabilidad de las facturas emitidas.

¿Quiénes estarán obligados?

Con carácter general, estarán obligados a implementar VeriFactu aquellas empresas o autónomos establecidos en territorio español que deban expedir facturas, utilicen sistemas informáticos de facturación y cumplan las siguientes condiciones:

• Que no facturen exclusivamente de forma manual. 
• Que no estén adscritos, de forma obligatoria o voluntaria, a las exigencias del Suministro Inmediato de Información (SII). 
• Que no tengan su domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma del País Vasco o de la Comunidad Foral de Navarra. 
• Que no dispongan de alguna resolución en vigor de no aplicación que les exima de cumplir con VeriFactu.

Sanciones por la no adaptación

Aquella empresa, sociedad o persona que no implemente este sistema a tiempo podría enfrentarse a sanciones económicas de entre 50.000 y 150.000 euros por ejercicio fiscal, si se desarrollan o se distribuyen programas ilegales.

Desde el punto de vista operativo y reputacional, el retraso en los cobros y la falta de verificación de las facturas podría dañar a los negocios que trabajan con grandes corporaciones que exigen su cumplimiento. Ademas, las dificultades en la gestión diaria y la desconfianza por no cumplir con la normativa podrían impactar en la imagen de la empresa.