El retraso en el pago de facturas es uno de los mayores problemas para pymes y autónomos, por los problemas de caja que genera. La Comisión Europea quiere acabar con la morosidad, por lo que va a obligar a las empresas a pagar a sus proveedores en un máximo de 30 días.
Si esta medida sale adelante, el plazo de pago se verá reducido a la mitad, ya que la directiva europea sobre morosidad al respecto indica que los plazos de pago contractuales entre empresas no deben exceder de 60 días naturales.
Según informa la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), la Comisión Europea ha elaborado un documento el que propone medidas para frenar la morosidad en las relaciones comerciales y fomentar así la liquidez de las empresas. Este documento va a ser remitido al Parlamento Europeo, donde será sometido a votación y a su aprobación.
La PMcM, que ha tenido acceso al mismo, explica que se trata de un reglamento que sustituirá a la actual directiva europea, por lo que tendrá un carácter inmediato y directamente aplicable a cada legislación nacional. Y la medida ‘estrella’ es precisamente la reducción del plazo de pago.
Este nuevo reglamento nace, en gran parte, por las reivindicaciones de organizaciones como la PMcM. “Estamos muy orgullosos de haber sido uno de los grandes impulsores de la norma que reducirá los pagos en el sector privado en toda Europa, beneficiando a pymes y autónomos, que son los que más sufren las consecuencias de la morosidad”, afirma Antoni Cañete, presidente de la plataforma.
En su opinión, la morosidad en el pago de facturas representa “un problema sistémico para la economía de la Unión Europea, afectando a empresas de todos los sectores y de todos los estados miembro, y de manera desproporcionadamente grave a las pymes, que dependen de flujos de efectivo regulares y previsibles”. De este modo, considera que “el anuncio del reglamento es una noticia de gran calado para la economía europea al completo”.
“Hemos estado en contacto con miembros de la Comisión Europea aportando documentación y recomendaciones para dar forma a esta futura norma tan necesaria para nuestras pymes y autónomos”, agrega el presidente de la PMcM, que participó el pasado mes de julio en un acto en el Consejo Económico Social y Europeo, en Bruselas, en el que se reunieron con representantes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, donde también estuvo presenta la PIMEC catalana.
¿Cómo afecta la morosidad a las pymes?
La morosidad en los pagos es un problema muy delicado para pymes y autónomos. Como explica la PMcM, las empresas afectadas por el retraso en el pago de facturas aumentan sus necesidades de capital circulante, incrementan sus costes por el tiempo invertido en molestar a los deudores y aumentan los costes de financiación. Así pues, la morosidad impone una “presión desproporcionada a las pymes”, tal y como denuncia el presidente de la organización.
“Con esta propuesta de la Comisión Europea de sustituir la directiva por un reglamento, las pymes y autónomos están de enhorabuena, porque este formato da más rapidez y brinda de herramientas reales para luchar contra la morosidad”, aclara.
En este sentido, el nuevo reglamento hará que el pago de tasas compensatorias e intereses sea legalmente automático en caso de morosidad. Este aspecto es, especialmente, relevante, puesto que más de la mitad de las empresas (un 55% de ellas, según Crédito y Caución e Iberinform; y el 52%, según Intrum) renuncia al cobro de intereses de demora para operaciones comerciales, como recogíamos en EMPRENDEDORES. Y el 99% de las empresas que aplican intereses de demora reclaman por debajo de lo corresponden legalmente.
Además, informábamos de que el 82% de las empresas españolas consultadas en la elaboración del ‘Informe europeo de pagos 2023’, de Intrum, ha recibido peticiones de sus clientes para aceptar plazos de pago de facturas más largos de lo que les gustaría. Además, este porcentaje va en aumento, puesto que un año antes se situaba en el 76%.
Por otro lado, la PMcM destaca que el nuevo reglamento facilitará a las empresas hacer valer sus derechos, ya que reduce la carga y facilita el acceso a una reparación efectiva a través de la mediación. “Los litigios resueltos a través de la mediación suponen costes mucho menores que los procedimientos judiciales”, señala el presidente de la PMcM.
