Falsedad documental y fraude fiscal son los dos delitos de los que se acusa a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde 2021.
En ambos casos, está por ver judicialmente si al final el empresario emitió facturas falsas y cometió fraude fiscal en el impuesto de sociedades, pero si sacamos este tema a colación es porque ambos supuestos son más habituales de lo que parece incluso sin mediar la intencionalidad.
Aitor Fernández, asesor fiscal en Taxdown cuenta en qué consiste cada uno de estos delitos y cómo prevenirlos.
El fraude fiscal
Este título hace referencia a determinadas acciones que afectan a la Hacienda pública y que consisten en evitar el pago obligado de impuestos. Es decir, se usan medios a priori ilegales para evitar o disminuir el pago. Existen dos tipos de fraudes fiscales: eludir el pago o pagar menos de lo que correspondería; y acogerse a beneficios fiscales que tampoco corresponden, como puede ser reclamar una devolución, una reducción o deducción.
El umbral para hablar de fraude fiscal lo establece la ley en la cantidad de 120.000 euros que se deben a Hacienda por cada ejercicio. No es que si estás por debajo vayas a librarte de pagar la sanción administrativa correspondiente, lo único que evitas es elevar ese error a la categoría de delito fiscal, en cuyo caso será un juez quien establezca la cuantía de la multa.
Deducir gastos personales en empresas; crear sociedades fraudulentas; deducir dietas de viaje en vacaciones; la hipoteca de una vivienda no habitual o la comisión de errores en la declaración de la renta, son algunas de las principales causas que pueden llevar a incurrir en fraude fiscal.
Aclara, no obstante, Aitor Fernández que la equivocación existe y que no siempre está el dolo detrás de una acción fraudulenta, siendo mayor el riesgo en las empresas con un volumen de facturación importante que las que menos. En demostrar la ausencia de voluntad en la falta cometida radica la resolución de un caso y la cuantía interpuesta. El primer consejo del asesor fiscal de Taxdown es, pues, conservar todo el soporte documental que acredite una transacción.
La falsedad documental
Aquí ya parece más complicado preservar la presunción de inocencia entendiendo por falsedad documental la alteración, falsificación, simulación o modificación de elementos esenciales de un documento. Un contrato de alquiler a nombre de un propietario o inmueble inexistente o el pago de un servicio que no se ha recibido, podrían ser un ejemplo.
En cuanto a las sanciones y penas interpuestas por este delito, un post de Legalitas asegura que “el delito de falsedad documental establece penas que van desde los dos meses de multa hasta la pena de seis años de prisión y varían en función de la falsedad documental cometida y del sujeto que la cometa”.
