Las subvenciones y ayudas que perciben las empresas en nuestro país llevan varios años descendiendo, al igual que las licitaciones.
Según los datos del ‘Anuario 2022 de Administraciones Públicas’ de Experian | axesor, recientemente publicado, en el año 2022 se concedieron 12.845,65 millones de euros en ayudas y subvenciones, incluyendo tanto a las sociedades mercantiles como a las no mercantiles, lo que supone un descenso del 32,9% en comparación con el año anterior, cuando se alcanzó una cifra de 18.877,85 millones de euros.
Experian | axesor remarca que estos datos muestran que continúa la tendencia descendente en el importe de las subvenciones en los últimos años, tanto en las concedidas a las entidades mercantiles como a las no mercantiles y autónomos.
Las subvenciones a las entidades mercantiles fueron de 8.746,52 millones de euros, lo que significa un retroceso del 29,55% respecto al año anterior. Hay que señalar que las administraciones públicas concedieron 12.414,46 millones de euros en 2021, lo que ya supuso un descenso de 24,17% frente al ejercicio previo.
Según su tamaño, el estudio indica que las pymes obtuvieron 6,537,93 millones de euros, mientras que la cantidad recibida por las grandes empresas fue de 2.096,09 millones de euros.
Por tanto, las pymes siguen siendo son las grandes receptoras de la financiación pública, igual que en los últimos años, ya que en 2021 recibieron 10.250,25 millones de euros, mientras que la cifra en 2020 fue de 12.627,24 millones de euros.
Atendiendo al sector de actividad, las empresas que más financiación recibieron en 2022 fueron las encuadras en los sectores de bienes exportables y turismo (31,5%), las de servicios locales (27,5%) y las de servicios empresariales (22,6%).
Las subvenciones a entidades no mercantiles —sociedades cooperativas o comunidades de bienes y asociaciones— y autónomos también cayeron. Las ayudas percibidas en 2022 fueron 4.099,13 millones de euros, un 36,5% menos que un año antes, cuando recibieron 6.463,38 millones de euros.
También se redujeron las licitaciones. El informe anota que en 2022 se realizaron 168.895 adjudicaciones, un 51,91% menos que un año antes. En cuanto al número de adjudicaciones por tamaño de las empresas, las grandes compañías se adjudicaron 39.054 licitaciones, mientras que las pymes accedieron a 129.840 adjudicaciones. La caída de las licitaciones en 2022 se observa tanto en las grandes empresas (-35,36%) como en las pymes (-55,35%).
El comercio al por mayor volvió a ser el que más adjudicaciones registró, con 52.375 (31,01% del total), por delante de construcción (25.171 adjudicaciones, 14,9% del total) y actividades profesionales, científicas y técnicas (18.680 adjudicaciones, 11,06% del total.
Las empresas buscan alternativas
Ante la disminución del dinero público que llega a las empresas, muchas compañías están apostando por nuevas fórmulas para seguir impulsando su crecimiento.
Una de estas fórmulas es el leasing, que consiste en un arrendamiento financiero especial con opción de compra. De este modo, la empresa que ofrece el leasing adquiere en propiedad los bienes y cede su uso al arrendatario durante un tiempo convenido por un precio distribuido en cuotas periódicas, pudiendo el arrendatario quedarse con el bien mediante el pago de una cantidad, el denominado valor residual.
La compañía que accede al leasing se beneficia del uso del bien, sin tener que hacer frente a la inversión que supone su adquisición. En muchos casos, tampoco habrá de asumir los gastos que conlleva su mantenimiento. Además, la empresa puede deducirse las cantidades pagadas por dicho leasing.
Según la información ofrecida por la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR), las empresas españolas invirtieron 7.261,1 millones de euros mediante leasing para financiar activos mobiliarios e inmobiliarios en los once primeros meses de este año. Esto supone un aumento del 9,5% respecto al mismo periodo del año anterior.
La inversión nueva mediante leasing sobre bienes muebles creció un 10,8%, hasta 6.810,7 millones, mientras que la de bienes inmuebles alcanzó 450,4 millones de euros, un 7,8% menos que un año antes.
El plazo de duración de los contratos en el periodo considerado de 2023 ha sido de 55,7 meses, inferior a los 56,4 meses comparables del año pasado.
