Glovo ha acabado dando su brazo a torcer. La compañía de reparto a domicilio lleva años inmersa en litigios, empeñada en defender su modelo de repartidores bajo la fórmula de falsos autónomos.
La situación se le complicó mucho con la aprobación de la denominada ‘Ley Rider’, nacida específicamente para regular la actividad de los trabajadores que prestan servicios de reparto mediante una plataforma digital.
Como contábamos en este artículo, dicha ley establece la presunción de laboralidad de la actividad de quienes presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier tipo de producto de consumo o mercancía, por parte de plataformas digitales que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de esta actividad mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo.
A pesar de que, a todas luces, ésta es la situación en la que se encuentran los repartidores de Glovo, la empresa ha insistido en su batalla legal.
Hay que recordar que la compañía recibió un importante revés en 2020, cuando el Tribunal Supremo reconoció que los repartidores riders de Glovo eran realmente asalariados, como recogía Cinco Días.
También se llevó un varapalo importante el año pasado, cuando Inspección de Trabajo anunció que regularizaría como personal laboral a 3.060 falsos autónomos de Glovo en Andalucía, de lo que informaba El Español-Invertia.
Además, la empresa acarrea sanciones por un importe de 205,3 millones de euros, por vulnerar los derechos laborales de este tipo de trabajadores, como indicaba el mismo medio.
Durante todo este tiempo, Glovo ha contado con respaldo de su matriz, la alemana Delivery Hero. En su memoria financiera publicada la pasada primavera, el grupo afirmaba que “Glovo coopera con las autoridades y defenderá la condición de autónomos de los repartidores en todas las instancias de apelación disponibles”.
No obstante, admitía que existía la posibilidad de tener que asumir un pago de entre 260 y 430 millones de euros en caso de perder los litigios en marcha y tener que hacer frente las correspondientes sanciones, las cotizaciones no pagadas a la Seguridad Social y los recargos por la demora, como explicaba El Periódico.
Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido la citación del CEO de Glovo, Oscar Pierre, que debía comparecer mañana ante el juez a prestar declaración en un proceso penal, acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Esta acusación se sustenta en el artículo 311 del Código Penal, en virtud del cual se castiga con penas de prisión de 6 meses a 6 años y multa de 6 a 12 meses a quienes incumplan la legislación laboral.
Glovo se cansa de defender su modelo
Finalmente, Glovo ha dado su brazo a torcer. Esta misma mañana, Delivery Hero ha publicado un comunicado en el que anuncia que “Glovo decide pasar a un modelo basado en el empleo para repartidores en España y espera recibir decisiones de reclasificación por presuntas violaciones de las leyes laborales en España”.
“Hoy, la dirección de Glovo ha decidido cambiar de un modelo de trabajo autónomo a un modelo basado en el empleo para sus repartidores en España con el fin de evitar más incertidumbres jurídicas que conduzcan a un aumento de las contingencias”, añade.
Delivery Hero también ofrece una estimación del impacto económico que tendrá esta decisión. “Se espera que el cambio de modelo operativo, limitado al negocio de Glovo en España, tenga un impacto de aproximadamente 100 millones de euros en el EBITDA ajustado para el ejercicio 2025. A pesar de este impacto, se espera que Glovo genere un EBITDA ajustado positivo en España en el ejercicio 2025”, detalla.
Asimismo, especifica que “espera aumentar la dotación total para contingencias hasta los 440-770 millones de euros en el informe financiero anual completo de 2024, frente a los 330-550 millones de euros ya divulgados en su informe financiero semestral de 2024”.
Esta cantidad servirá para hacer frente a las contribuciones a la seguridad social, multas, reclamaciones de IVA y otros cargos de pago correspondientes al período hasta finales de 2024 para Glovo España.
Sin embargo, la matriz remarca que no tiene la intención de reconocer ninguna provisión de fondos, ya que entiende que “no existe base legal suficiente para que se tomen las decisiones de reclasificación”.
