La edad media de los trabajadores de la Administración supera los 50 años. Esto representa casi el 57% de la plantilla mientras que en el sector privado los mayores de 50 años representan un 33%. Las cifras anticipan una ola masiva de jubilaciones en los próximos 15 años. Cálculos del Gobierno apuntan la jubilación de entre 89.690 a 95.640 efectivos para el periodo 2025-2035.
El personal de mayor edad se corresponde con el personal laboral fijo, con 51,94 años de edad media. En contrapartida, los más jóvenes son el personal laboral temporal, con una media de 40,53 años.
Para paliar el problema del envejecimiento en la Administración General del Estado, el Gobierno aprobó esta año una OEP (Oferta de Empleo Público) de 27.232 plazas ordinarias de las cuales 20.541 son de acceso libre, con lo que se busca dar opción a nuevas incorporaciones.
Leyes de simplificación administrativa
A la situación descrita se suman leyes que abogan por la simplificación administrativa, como las aprobadas por los Gobiernos autonómicos de La Rioja, Castilla-La Mancha; Comunitat Valenciana o Cantabria, entre otros.
Cada una con sus peculiaridades comparten, no obstante, la intención de reducir la burocracia, agilizar los plazos de tramitación y fomentar la actividad económica mediante la eliminación de trabas regulatorias.
Bajo la premisa de ‘legislar menos para legislar mejor’, muchas de estas normas contemplan, entre otros puntos, el silencio positivo de forma que, si la administración no responde en el plazo legal establecido, la solicitud del ciudadano se considera aprobada. Asimismo, reducen de forma drástica los plazos internos de resolución de sectores clave, como el urbanismo o el energético.
Todo ello exige a los funcionarios cambiar su manera tradicional de trabajar obligados ahora a tramitar contrarreloj pese a la perspectiva de una reducción de personal masiva.
Posibles soluciones
Para evitar el colapso de las administraciones públicas, expertos en gestión pública, sindicatos y gobiernos plantean una estrategia integral en torno a distintas actuaciones. Una la planteó Alicia Richart, business development partner de IBM Consulting, en un foro de emprendimiento reciente. “Desdigitalizar la atención e hiperdigitalizar la burocracia”, fue la solución que apuntó. Conforme a ésta, toca delegar en las máquinas las tramitaciones repetitivas y orientar a los funcionarios a la atención directa, la escucha y la resolución de casos complejos.
La integración de agentes de inteligencia artificial con permisos explícitos (más allá de simples chatbots) para cruzar datos de manera invisible entre los distintos organismos (padrón, renta, catastro…) podrían ayudar en esta dirección y resolver un trámite en un solo acto. Esto implica un cambio cultural en la Administración.
A la automatización inteligente e IA añaden otros una reforma radical del acceso al empleo público agilizando los procesos selectivos de turno libre y la incorporación. Según reconoce el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en la actualidad, el tiempo que transcurre desde la publicación de la oferta hasta la incorporación del personal en las plazas ofertadas en la misma es de media 2 años.
Otras soluciones abogan por establecer bonificaciones económicas por demora en la edad de retiro ordinaria (66 años y 10 meses en 2026) o sustituir masivamente las licencias previas por declaraciones responsables que se comprobarían a posteriori con auditorías aleatorias.
Por su parte, organizaciones sindicales como la UGT, defienden planes estratégicos plurianuales de recursos humanos diseñando una OEP con años de antelación. Buscan así garantizar “el relevo generacional, el equilibrio entre experiencia y juventud, y el fortalecimiento de los servicios públicos”.
