El año que acabamos de cerrar puede considerarse un buen ejercicio desde el punto de vista el emprendimiento y de la creación de empresas.
Según el seguimiento de los registros mercantiles realizado por Iberinform, filial de Crédito y Caución, el tejido productivo nacional acumuló en 2023 una subida del 9,7%, gracias a la creación de 109.205 empresas.
La iniciativa emprendedores se localiza esencialmente en cuatro comunidades autónomas: Madrid (23% del total), Cataluña (19%), Andalucía (18%) y la Comunidad Valenciana (12%). 7 de cada 10 nuevas compañías están radicadas en estas regiones.
Por sectores de actividad, las constituciones se concentran en la construcción e inmobiliario (24% del total), por delante del comercio (18%), los servicios a empresa (15%) y la hostelería (13%).
Los sectores en los que más creció el número de nuevas empresas fueron el de la energía (un 31% más de constituciones que en 2022), la restauración (+26%), la hostelería (+23%), la construcción (+22%) y el comercio de automoción (+19%).
En el lado opuesto, las caídas más acusadas se registran en la industria metalúrgica (-57%), la automotriz (-55%), el sector inmobiliario (-22%), la industria electrónica y TIC (-19%) y la industria de bienes de consumo duradero (-15%).
Menor destrucción de empresas
Los datos recopilados por Iberinform también descubren que el pasado año se destruyeron menos sociedades mercantiles que en 2022. En el conjunto del año echaron el cierre 27.978 empresas, un 4,5% menos que un año antes.
Según los datos del Registro Mercantil, casi un tercio (30%) de las empresas disueltas están en Madrid. Las siguientes comunidades en cuanto a destrucción del tejido empresarial son Andalucía (14%), la Comunidad Valenciana (12%) y Cataluña (7%). Entre las cuatro, sumaron casi dos tercios (63%) del total de empresas disueltas en 2023.
Por sectores de actividad, 6 de cada 10 cierres (59%) se concentran en construcción e inmobiliario (25% del total), seguidas del comercio (19%) y servicios a empresa (15%). Aunque con menor intensidad, industria manufacturera (7,3% del total) y la hostelería (6,6%) también contribuyeron de manera significativa a la destrucción de tejido empresarial.
Los sectores en los que más creció la disolución de empresas fueron la industria automotriz (un 50% más de cierres de empresas que en 2022), la restauración (14%), el sector inmobiliario (12%) y la hostelería (12%).
En el sentido opuesto, el cierre de sociedades se redujo significativamente en la industria extractiva (-33%) y en el sector de la energía (-19%), en el químico (-17%) y en el de las comunicaciones (-11%).
Empresas sin actividad
En cualquier caso, también debemos tener en cuenta que son muchas las empresas activas registralmente pero que carecen de actividad, tal y como contábamos en EMPRENDEDORES.
Según los datos de Iberinform, en los registros oficiales hay 1.758.000 empresas que no publican actos ni depositan cuentas, por lo que realmente no tienen actividad. Es decir, un 45% de las compañías registralmente activas estarían en esta situación.
Hay que recordar que la Ley de Sociedades de Capital exige que todas las compañías depositen sus cuentas anuales en el Registro Mercantil en el mes siguiente a la aprobación de las mismas, trámite que debe producirse dentro de los seis meses posteriores al cierre del ejercicio.
El incumplimiento de esta obligación puede tener importantes consecuencias. Una de ellas es el cierre provisional de la hoja registral. En caso de llegar a producirse, esto impediría que la empresa afectada pudiera inscribir en el Registro Mercantil ningún documento salvo algunas excepciones, como el cese o dimisión de los administradores, la revocación o renuncia de poderes, la disolución de la sociedad y nombramiento de liquidadores o los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa.
Asimismo, podría suponer la motivación para calificar un concurso de acreedores como culpable, la posibilidad de que tanto la propia empresa como sus socios o acreedores reclamen a los administradores los daños y perjuicios causados por el no depósito o la imposición de fuertes multas por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía y Empresa.
