La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana se le está atragantando al Gobierno. La medida ‘estrella’ de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, está teniendo un camino muy tortuoso, por lo que lo acaecido en la jornada de ayer no sorprende a nadie.
Como ya se venía barruntando, PP, Vox, Junts y UPN votaron ayer de la mano para vetar la tramitación del proyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, sin merma salarial.
Los tres grupos parlamentarios y UPN (grupo mixto) hicieron valer los 178 diputados que suman en el Congreso para sacar adelante las enmiendas a la totalidad de la ley presentadas por ellos mismos.
Esto conlleva que no se iniciará su tramitación parlamentaria, de forma que ni tan siquiera se llegará a debatir su contenido en el trámite de enmiendas, donde los partidos políticos pueden negociar y pactar cambios y propuestas para sacar adelante la ley.

Una reducción de jornada laboral sin consenso
La derrota parlamentaria se veía venir, tanto por la debilidad de la coalición parlamentaria como por la falta de consenso entre los actores sociales en cuanto a la reducción de la jornada laboral.
Hay que recordar que Díaz alcanzó un acuerdo con los sindicatos el pasado mes de diciembre, como contábamos entonces. Sin embargo, la patronal se retiró de esa mesa, por lo que la reforma no cuenta con su apoyo.
Una vez salvado ese obstáculo, la ministra de Trabajo se encontró con otro escollo. Díaz se comprometió a sacar adelante la jornada laboral de 37,5 horas semanales antes de acabar el ejercicio 2025.
Sin embargo, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, deslizó la posibilidad de que la reducción no pudiera acometerse hasta 2026, lo que provocó el choque con Díaz, de lo que también hablamos en su momento.
La ministra llegó a decir que el Ministerio de Economía había vetado la remisión del proyecto de ley al Consejo de Ministros, paso previo a su envío a las Cortes.
Díaz dijo que había recibido un escrito de Economía que retrasaba la inclusión de la reducción de la jornada laboral en los temas a discutir por parte del Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), en la que intervienen los ministerios implicados en esta reforma y donde se deciden y examinan los temas que llegan al Consejo de Ministros listos para ser aprobados. Aunque fuentes del Ministerio de Economía lo desmintieron.
Por otro lado, Cuerpo parecía decantarse por una tramitación por vía ordinaria, mientras que Díaz pretendía que lo fuera por vía de urgencia.
Pese a todo, el Consejo de Ministros remitió el proyecto de ley al Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo. Ya entonces, Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Parlamento, avisó de que su partido no apoyaría la reforma. Y no sólo eso, sino que adelantó que presentaría una enmienda a la totalidad del proyecto de ley, como finalmente ha sucedido.
¿Qué pasa ahora con la reforma?
La retirada del proyecto de ley supone un importante varapalo para el Gobierno, y muy particularmente para la ministra de Trabajo.
Sin embargo, la jornada laboral de 37,5 horas todavía podría salir adelante. El Gobierno puede llevar el proyecto al Congreso otra vez. Esto supondría que la tramitación volviera a comenzar, pero con un nuevo texto. Y se trata de un proceso largo, por lo que sería difícil que llegase antes de concluir el presente ejercicio.
Por eso, el Ministerio de Trabajo se plantea presentar el proyecto para que sea aprobado como decreto, con el fin de que entren en vigor cuanto antes los cambios en el registro horario que contempla la ley, tal y como informa RTVE.