En enero entró en vigor el nuevo régimen del IVA de caja, una reivindicación histórica de los autónomos y las pymes que permite pagar el impuesto al cobrar la factura, y no como sucede ahora al emitirla. Es una medida que puede acabar con la asfixia financiera que están sufriendo millones de pymes, financiando a sus clientes, en muchas ocasiones grandes empresas que dilatan los pagos como práctica habitual (algunas hasta 200 días).
Y, sin embargo, todos los expertos aseguran que muy pocas se beneficiarán de la nueva normativa. En teoría, debería afectar a 2,3 millones de empresas y profesionales (los que facturan menos de dos millones de euros), pero en la práctica sólo lo aprovechará un 10%, por los inconvenientes que provoca a las empresas que quedan fuera del sistema: las grandes.
Por qué perjudica a las grandes
Las empresas que se quedan al margen de esta medida (las que más facturan) están habituadas a deducirse el IVA antes de haber abonado la factura, una práctica que podrán seguir haciendo siempre que el proveedor no esté acogido al IVA de caja (la nueva normativa elimina esa práctica). Así, las grandes empresas se sienten especialmente perjudicadas y ya están empezando a advertir a sus proveedores, según denuncian Ata, Upta, Cepyme y Pimec, que no seguirán trabajando con aquellos proveedores que se acojan a la nueva normativa.
Es un conflicto que ya habían advertido las asociaciones de autónomos y pymes, pero que el Gobierno desoyó porque la única forma de resolver el conflicto es permitir a las grandes que deduzcan el IVA antes de pagar, como hacen con el sistema habitual. Y eso implicaría un coste adicional para el Estado. Al final, sólo se beneficiarán las empresas que trabajen exclusivamente con las administraciones, ya que éstas actúan como un cliente final, y no tienen derecho a deducirse el importe.
