MATX, una solución para canalizar inversión privada con la cesión de créditos fiscales

El acceso a financiación para nuevos proyectos es el caballo de batalla de cualquier empresa. Y más aún cuando los bancos cierran el grifo, obligando a acudir a otras alternativas. Así pues, cualquier solución que facilite la llegada de recursos a los emprendedores siempre es bienvenida.

La propuesta de MATX es la última iniciativa que han llegado en este ámbito. Esta empresa se ocupa de facilitar el acceso a financiación para proyectos de innovación, sostenibilidad y cultura mediante la cesión de créditos fiscales del País Vasco, aprovechando las ventajas que ofrece el sistema foral de esta comunidad autónoma.

¿Qué ofrece MATX?

MATX facilita la estructuración y activación de este tipo de operaciones, aportando mayor seguridad jurídica, transparencia y viabilidad de ejecución.

La compañía coordina y acompaña todo el proceso: análisis previo, estructuración contractual, documentación, coordinación entre las partes y seguimiento hasta el cierre de la operación.

“No trabajamos con créditos fiscales ya generados, sino con proyectos que cumplen los requisitos para acogerse a los mecanismos de financiación previstos en la normativa foral. Cuando una empresa desarrolla un proyecto de I+D, cultural o medioambiental susceptible de acogerse a estos incentivos, analizamos su viabilidad técnica, fiscal y jurídica. Si el proyecto cumple los requisitos, estructuramos la operación y buscamos el encaje adecuado con un financiador interesado”, explica Amaia Legorburu, fundadora y directora de MATX.

De este modo, parte de los impuestos que debería pagar el financiador se destinan a impulsar proyectos de innovación, cultura o sostenibilidad. “A cambio, obtiene una rentabilidad financiera y fiscal regulada por la normativa foral”, apunta.

¿Qué proyectos elige?

Legorburu hace hincapié en el análisis previo que hace la empresa al escoger cada caso. “Nuestro objetivo no es que las operaciones se cierren a cualquier precio, sino que se cierren bien. Si detectamos que una operación no es viable o que presenta riesgos que no compensan, lo decimos desde el principio. Creemos que la transparencia y el rigor son la mejor forma de generar confianza a largo plazo para todos los participantes”, aclara.

“Aplicamos un análisis multidisciplinar que combina criterios jurídicos, fiscales, económicos y operativos. Lo primero que hacemos es verificar que el proyecto cumple los requisitos exigidos por la normativa aplicable y que la operación puede estructurarse con un nivel adecuado de seguridad para todas las partes. Además, cuando la naturaleza del proyecto lo requiere, nos apoyamos en consultores y especialistas externos que aportan una visión complementaria y nos ayudan a identificar riesgos técnicos o de negocio que van más allá de nuestro ámbito de especialización legal y fiscal”, expone.

Además, hace hincapié en que “no todos los proyectos presentan las mismas características ni generan el mismo nivel de interés en el mercado”. “Hay operaciones que, por sus particularidades, requieren incorporar garantías adicionales para resultar atractivas a un financiador. En esos casos, analizamos las herramientas que ofrece el mercado y estudiamos cómo reforzar la estructura de la operación para que pueda salir adelante en condiciones razonables”, comenta.

Asimismo, reseña que se intenta mantener el equilibrio entre las partes. “Una operación sólo tiene sentido si sigue siendo atractiva tanto para quien busca financiación como para quien la aporta. Si la incorporación de determinadas garantías o condicionantes acaba desvirtuando ese equilibrio, preferimos ser transparentes y decirlo desde el principio”, puntualiza.

“Precisamente por eso, una parte importante de nuestro trabajo consiste en gestionar expectativas de forma realista. Cuando vemos que una operación es viable, trabajamos para estructurarla de la mejor manera posible. Y cuando entendemos que no reúne las condiciones necesarias para prosperar, también lo decimos con claridad desde el inicio”, recalca.

¿Qué gana cada parte en una operación?

Todas las partes implicadas en la operación se benefician de la misma. “Por un lado, la empresa obtiene financiación para desarrollar sus proyectos sin necesidad de recurrir a financiación bancaria tradicional, incrementar su endeudamiento o diluir su capital. Por otro, el financiador obtiene una rentabilidad financiera y fiscal prevista por la normativa foral, destinando parte de los recursos que irían íntegramente al pago de impuestos a financiar proyectos con impacto real en el territorio”, especifica Legorburu.

Sin embargo, la directora de MATX cree que es un error analizar estas operaciones únicamente desde esa lógica bilateral. “Existe una tercera dimensión que, a nuestro juicio, es igual o incluso más importante: el beneficio que generan para el conjunto del territorio”, afirma.

“Estos mecanismos permiten movilizar capital privado hacia sectores estratégicos para nuestra economía y nuestra sociedad, impulsando proyectos de innovación, cultura y sostenibilidad que de otra manera tendrían más dificultades para acceder a financiación”, aclara.

“Por eso, nos gusta decir que no sólo activamos financiación. También contribuimos a conectar recursos privados con proyectos que generan valor económico, social y medioambiental”, añade.

No confundir con las ‘vacaciones fiscales’

Seguro que habrá muchos lectores a los que se les vendrá a la cabeza el concepto de ‘vacaciones fiscales’ al oír hablar de este tema.

Sin embargo, la propuesta de MATX no tiene nada que ver. “Las denominadas ‘vacaciones fiscales’ fueron incentivos generales que posteriormente fueron cuestionados desde la perspectiva de la competencia europea. Lo que hacemos hoy se basa en mecanismos expresamente regulados y aprobados por las Juntas Generales de los tres territorios históricos, dentro de un marco normativo consolidado y compatible con la normativa europea”, subraya la fundadora de MATX.

“Además, estos incentivos cuentan con el respaldo de la Comisión Europea y no responden a decisiones discrecionales ni a acuerdos particulares. Son instrumentos regulados a los que pueden acceder todas aquellas empresas y proyectos que cumplan los requisitos establecidos en la normativa”, concluye.