La cifra de inmigrantes que trabajan en nuestro país no ha dejado de incrementarse en los últimos 37 meses: este colectivo supone ya el 13,9% del total de ocupados, según el Indicador Laboral de Comunidades Autónomas (ILCA) elaborado por IESE-Adecco. Y es que son muchos los empresarios que contratan inmigrantes en su país de origen para cubrir puestos temporales o de difícil ocupación. Sin embargo, este tipo de contratación será más difícil a partir de 2009.
¿La causa? El aumento del paro, que en el último año ha crecido casi un 25%. “No parece razonable que en un mercado como el español, con 2,5 millones de desempleados, sigamos recurriendo a la contratación en origen”, apuntó el Corbacho. Es por ello por lo que, según anunció, el año que viene la contratación en origen se aproximará a cero y el catálogo que el ministro lleve al Consejo de Ministros «no será tan generoso y amplio» en esta materia.
Corbacho defendió que “las personas que se tengan que contratar en la economía española, que se contraten de los 2,5 millones de desempleados que registra España”. No obstante, se permitirán las contrataciones especializadas o aquellas establecidas por el cumplimiento de los convenios internacionales que España tenga, o vaya a tener, suscritos.
Reacciones en contra
Las respuestas no se han hecho esperar: la Unión Sindical Obrera (USO) y la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) ya se han pronunciado en contra de la propuesta del ministro.
USO asegura que esta medida no solucionará el problema del desempleo, sino que generará más inmigración ilegal, defraudará las expectativas de los que esperan venir a España regularizados y supondrá “nuevos dramas” de pateras y cayucos.
Por su parte, el presidente de AGETT, Francisco Aranda, ha tachado la iniciativa de “impertinente, injusta y antisocial”, puesto que el colectivo inmigrante ha contribuido de forma “muy importante” al crecimiento económico del país y en “ningún caso” puede ser considerado la causa del aumento del paro. Para Aranda, son las empresas y el mercado quienes determinan las necesidades de capital humano, y no el Consejo de Ministros.
