La comercialización de falsificaciones supone un problema de considerable envergadura. Sólo en nuestro país, las infracciones de los derechos de la propiedad industrial en los principales sectores afectados suponen 5.753 millones de euros anuales de pérdidas, así como la supresión de 44.697 puestos de trabajo directos anuales, según los datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión
Europea (EUIPO), recogidos en el ‘Plan Nacional e integral de lucha contra la venta de productos falsificados y para la observancia de los derechos de propiedad industrial de 2023/2026’ del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Tal y como se indica en dicho documento, “el consumo y la comercialización de productos falsificados tienen efectos perniciosos que trascienden las fronteras de lo meramente económico y generan obstáculos para la protección del medioambiente, la preservación de la salud pública o el desarrollo del I+D en las empresas”.
Entre los factores que están impulsando la venta de productos falsificados podemos hablar de la expansión del comercio online, la supresión de las barreras al comercio interno en el mercado común europeo o la fluidez de las redes de transporte con los países productores asiáticos, lugar de procedencia de buena parte de este tipo de artículos.
Los datos del informe ‘Riesgos del comercio ilícito de falsificaciones para las pymes’, de la EUIPO, así lo confirman. Según dicho estudio, la mitad de los productos falsificados incautados en las fronteras de la Unión Europea que vulneraban los derechos de propiedad intelectual de las pymes se compraron en línea.
China, la mayor fuente de falsificaciones
Asimismo, pone de manifiesto que China es, con mucha diferencia, la mayor fuente de falsificaciones. La EUIPO ha detectado que el 85% de las incautaciones relacionadas con las ventas online y el 51% de las incautaciones en tiendas físicas proceden de dicho país.
Las falsificaciones afectan a todos los sectores, si bien hay algunos productos que sobresalen cuando hablamos de la vulneración de los derechos de propiedad industrial. Los productos afectados con mayor frecuencia son la maquinaria eléctrica y los artículos electrónicos (30% de las incautaciones), las prendas de vestir (18%), los productos de perfumería y cosmética (10%) y los juegos y juguetes (10%), como detallábamos en este artículo.
El estudio de la oficina europea hace especial hincapié en que estas falsificaciones no sólo vulneran los derechos de propiedad industrial, sino que también suelen ser de calidad inferior, por lo que pueden llegar a suponer una amenaza para la salud y la seguridad de los consumidores.
La EUIPO también incide en que las pymes se ven particularmente afectadas por las falsificaciones. Según los datos de ‘Barómetro sobre las pymes y la propiedad’, el 15% de las pymes europeas titulares de derechos de propiedad industrial registrados han sufrido vulneraciones. Estas empresas consideran que las falsificaciones han afectado negativamente a su actividad, suponiendo una merma de su volumen de negocio, reputación, imagen y ventaja competitiva.
La EUIPO también advierte de que los jóvenes adquieren más productos falsificados, además de ver con buenos ojos el acceso a contenidos pirateados. Según su ‘Barómetro de la propiedad intelectual entre los jóvenes 2022’, casi cuatro de cada diez jóvenes (37%) de 15 a 24 años han comprado deliberadamente uno o varios productos falsificados en el último año. Asimismo, una quinta parte de ellos (21%) reconocen haber utilizado intencionadamente fuentes ilegales de contenidos digitales en los últimos 12 meses. El precio y la disponibilidad son los principales argumentos que esgrimen a la hora de comprar falsificaciones y hacer uso de la piratería digital.
¿Y en quién recae la responsabilidad si se detecta la comercialización de productos falsificados? Según explica la abogada Cristina Mesa, socia de Garrigues, en El País, la regla general es que los marketplace “no son responsables” de lo que otros ofertan en ellos, siempre y cuando no sepan que se trata de un “producto ilícito”.
Sin embargo, Juan José Caselles, jefe de Antipiratería de Elzaburu, apunta que dichas plataformas habrán de responder si los titulares de las marcas ponen en su conocimiento la existencia de falsificaciones y no hacen nada por “bloquear el acceso” a ellas.
“Si la plataforma digital establece como un proceso propio la retirada inmediata de cualquier producto sobre el que haya alguna denuncia o queja, su responsabilidad se verá disminuida, puesto que estará actuando bajo un canon de diligencia adecuada”, añade José Carlos Erdozain, abogado de Pons IP, en declaraciones para el diario.
