En realidad no son muchos casos, pero cobran notoriedad mediática porque rara vez los okupas desalojan la vivienda por iniciativa propia. El caso más reciente lo hemos visto en Leganés (Madrid) a raíz de que una cuidadora decidiese okupar la casa una vez fallecida la propietaria. Es uno más de los 150.000 casos de viviendas y locales okupados que se calculan en España, un fenómeno que podría haberse visto favorecido durante el confinamiento. Las expectativas son que vaya en aumento conforme se agudicen los efectos de la crisis económica.
La justicia dispone de medios para acabar con esta práctica ilegal, pero el procedimiento es lento. Tanto que hay quien resuelve tomarse ‘la justicia por su mano’ para acelerar el proceso de desalojo. En este marco jurídico ambiguo y pausado es donde han encontrado su oportunidad de negocio personas como Daniel Esteve, fundador y propietario de la empresa Desokupa, la misma que ha llevado a cabo las negociaciones para desalojar a la cuidadora de Leganés.
Con él no hemos podido hablar porque anda estos días muy ocupado con el desalojo pero gracias a sus apariciones en los medios y a su actividad intensa en las redes sociales, sabemos de él que es un antiguo vigilante de seguridad, que montó la empresa en 2016, que supera los 50 años y que se siente llamado por la providencia para ejercer esta actividad. “Hola, soy Dani Esteve y mi trabajo es devolver las casas ocupadas a la gente”, se presenta él mismo en un video subido a Youtube en el que añade haberse dado cuenta “de que he nacido para desokupar”. Desalojar a todos, menos con dos salvedades: no trabaja para los bancos ni monta controles de acceso a las familias Okupas con niños. “Nunca. No es un tema de dinero, es un tema de principios. Y yo, por la noche, duermo”. Así lo afirma él.
La de Daniel Esteve fue pionera en España en especializarse en este tipo de servicios, pero le siguieron otras. Algunas con el foco en el mismo sitio, como Fuera Okupas o Desokupación legal, y otras que funcionan como compañías de seguridad privada que prestan este servicio de forma ocasional. Es el caso del Grupo HispanoSegur, empresa fundada por Antonio Caballero Domenech. Él es quien nos cuenta cómo funciona el negocio de la desokupación.
El servicio anti okupa
“Es un servicio que se presta a instancias de un cliente afectado por la okupación, bien sea el domicilio habitual o la segunda vivienda así como los propietarios de locales y establecimientos. En cuanto a la forma de proceder es muy sencilla. Organizamos lo que se denomina controles de acceso. Como mientras un okupa permanece dentro de la vivienda no podemos acceder al interior porque es ilegal, lo que se hace es organizar una cuadrilla que se encarga de hacer guardia en el inmueble. Como tarde o temprano los okupas tienen que salir a la calle para abastecerse o por el motivo que sea, una vez que han salido, nosotros prohibimos que vuelvan a entrar. Así hasta que el último okupa abandona el inmueble. Vamos, que es un servicio super aburrido, pero que solo pueden prestar vigilantes titulados y empresas de seguridad privada homologadas y autorizadas por el Ministerio de Interior”.
A veces, para no demorar demasiado el desalojo completo, se acometen negociaciones que muchas veces se saldan con una compensación económica y la búsqueda de una alternativa provisional donde el okupa pueda vivir los primeros días después de abandonar el inmueble. “En más de una ocasión nos ha tocado contratar la habitación de un hotel para varios días”, cuenta Caballero. Obviamente, prestaciones como estas incrementan el precio del servicio que Caballero cifra entre 3.000 y 5.000 euros, en función del tipo de vivienda. Al margen quedan las posibles extorsiones y servicios adicionales.
En el caso de HispanoSegur, el servicio se cobra a éxito, que es como suelen acabar la mayoría de estas operaciones. Para evitar posibles conflictos, avisan de la operativa a las fuerzas del orden pertinentes, dado que a veces el desalojo desemboca en enfrentamientos. Comparten, eso sí, los dos principios básicos que parecen regir el Código Deontológico de la profesión: ni bancos ni niños por medio.
