Cualquiera podría pensar, ante las manifestaciones de los indignados (a las puertas de la CEOE) o las valoraciones negativas de los sindicatos, que las medidas laborales puestas en marcha por el Gobierno en los últimos meses, la reforma laboral (junio del 2010) y la de la negociación colectiva (que entró en el Congreso en junio pasado) habrían cambiado de plano el marco laboral español.
Nada más lejos de la realidad.
Aunque, según señalan los expertos consultados, el enunciado de los cambios iba en la buena dirección, su resultado en la práctica será escaso debido a las condiciones impuestas a las empresas para poder implementar esas medidas.
No extraña que los empresarios hayan reaccionado con desaliento a la reforma laboral, antes, y a la de la negociación colectiva, ahora. “Las reformas han resultado insuficientes para resolver los problemas del mercado laboral, por lo que seguimos reclamando una normativa que dé respuestas a las necesidades de las empresas“, asegura Jesús Terciado, presidente de Cepyme. No es el único en mostrarse tan negativo. David Isaac Tobia, socio director de Laboral de Deloitte, cree que “las reformas no suponen un cambio significatico respecto de lo que existía; Se han limitado a hacer unos pequeños ajustes, en especial en el tema de la extinción laboral”.
decepción empresarial
Según los profesionales consultados, casi todo se podría resumir a la ampliación del contrato de fomento del empleo indefinido a nuevos colectivos. “Es la única modificación importante”, se queja Tobia. Otro experto, José Manuel Martín, socio director de Sagardoy Abogados, considera que lo sucedido ha sido una decepción: “Parece que los legisladores no han tenido claro que es la empresa la que crea empleo y que tanto a ella como a los trabajadores hay que darles la posibilidad de adaptarse a las circunstancias”.
Las medidas para facilitar el despido por causas objetivas (20 días) se seguirán enfrentando a problemas en las magistraturas, la suspensión de la vigencia del convenio y el descuelgue salarial seguirán siendo complicados de llevar a cabo y los contratos temporales siguen siendo el recuso más atractivo. Por si todo ello no fuera suficiente, el Gobierno ha desistido de pagar los ocho días de indemnización en los despidos improcedentes. Y con respecto a los convenios de empresa, los procedimientos son tan engorrosos que nadie apuesta por ellos.
Buena parte de las dificultades surgen del hecho de que, según aseguran los expertos, el sistema laboral español seguirá tan judicializado como hasta ahora. “Pese a que las causas objetivas eran muy claras”, explica Sandalio Gómez, profesor de RR HH de IESE, “los jueces no las aceptaban, con lo que en la práctica las empresas han acabado echando mano del despido improcedente (45 días), con el coste que ello supone. Esta realidad no cambiara con la nueva redacción”. Ignacio Garcia Perrote, del despacho Uria Menendez, recuerda que “con frecuencia las empresas acaban pagando una indemnización mayor porque no están seguras de que un tribunal vaya a compartir su valoración sobre las causas de la extinción”.
Además, algunos señalan como grave que el Gobierno haya reforzado el papel de los sindicatos en la empresa, lo que, dicen, sólo contribuirá a entorpecer y dilatar la posibilidad de acuerdos, lo que pasará a ocurrir incluso en las pymes. “A partir de la reforma, si una pequeña empresa quiere tener su convenio o hacer cambios tendrá que recurrir a los sindicatos”, explica Patricio Jiménez.
Todos insisten en que los plazos son largos y los procedimientos engorrosos, lo que les resta cualquier eficacia. “Te dan plazos de ocho a 14 meses para negociar el convenio, según la duración del mismo y luego, si no hay acuerdo, que es lo más probable, tienes que ir al arbitraje; entretanto el convenio anterior se prorroga (la ultractividad) sin que puedas cambiar absolutamente nada”, apunta Sandalio Gómez.
Sin embargo, los sindicatos opinan todo lo contrario. En una nota conjunta emitida a finales de junio CCOO y UGT denunciaron que la reforma de la negociación colectiva “fortalece el poder empresarial en perjuicio de los derechos de los trabajadores”. Esto porque, en su opinión, posibilita a las pymes regular a la baja las condiciones de trabajo y salariales de sus trabajadores este del despido.
