A principios de 2008, España vivía instalada en la euforia: era uno de los mayores creadores de empleo de Europa, presentaba un superávit envidiable y se creía que estaba en condiciones de superar a Francia… Bastó la crisis financiera internacional y el desplome del mercado inmobiliario nacional para que la economía española se derrumbara. Ahora tiene la tasa de desempleo más elevada entre los países grandes y medianos de Europa (un 19,3%) y uno de los mayores déficits fiscales. Y sin perspectivas de remontada rápida.
Para buscar soluciones a las deficiencias de la economía española, más estructurales que en el resto de la Unión Europea, el Gobierno presentó el 2 de diciembre su Estrategia de Economía Sostenible, centrada, según explicó el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, en “ renovar el modelo de crecimiento de la economía española, haciéndolo sostenible, sólido y duradero en el tiempo”. Se trata de un programa legislativo que está dividido en tres ejes: la sostenibilidad económica, la medioambiental y la social. Está compuesto por la ley de Economía Sostenible, así como por decenas de otros documentos –muchos de ellos reformas de leyes existentes– que serán llevados por separado al Parlamento a lo largo del 2010 y se implementarán entre el 2010… y el 2020.
Junto a la ley, se llevarán a las Cortes textos como la reforma de la ley del Registro Civil, el proyecto de ley de Mediación y Arbitraje, el Estatuto del Empleado Público o el Plan de Lucha contra el Fraude.
La estrategia incluye un sinfín de objetivos, entre ellos reducir un 20% el consumo energético; aumentar el censo de empresas exportadoras de 39.000 a 55.000; alcanzar el mismo porcentaje de licenciados en ciencias que el resto de Europa; canalizar el 35% de las inversiones en construcción hacia la rehabilitación; conseguir que el transporte de mercancías por ferrocarril pase del 4% al 10%, y, sobre todo, mejorar el entorno de creación de empresas y multiplicar la importancia de los sectores económicos más innovadores.
