Al margen de debates estériles sobre si se debe pronunciar o no la palabra maldita ‘crisis’, los principales indicadores socioeconómicos son claros a la hora de definir como muy crítica la situación económica. Las ventas caen, los precios suben, la competitividad se resiente, el paro aumenta, el precio del dinero se encarece, el acceso a los créditos se convierte en una misión casi heroica y las empresas tienen problemas de liquidez.
Mientras tanto, el Gobierno ha presentado (el pasado 14 de agosto) un bloque de medidas, que vienen a unirse a otras formuladas en abril y junio pasados; medidas que, según los expertos, pecan de llegar un poco tarde, y con perspectivas de implantación un tanto lejanas (2009 y 2010), para paliar una situación que requiere de medidas urgentes.
En ese sentido, hemos reunido a un panel de expertos en diferentes áreas para que propongan medidas de choque que ayuden a las empresas a reactivar nuestra economía. Son las que siguen:
1. Garantizar la liquidez de las empresas
Como indica Patricio Rodríguez-Carmona, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, es cierto que ésa ha sido una de las medidas adoptadas por el Ejecutivo con la ampliación de las líneas de financiación ICO, pero “la han dejado para activarla en 2009, y debería ser inmediata”.
La propuesta del presidente de AJE Confederación es que, en esa medida, no sólo debe volcarse la Adminsitración central “sino también las comunidades autónomas, a través de las sociedades de garantía recíproca, estableciendo lí-neas de avales para, por ejemplo, circulante, algo muy importante teniendo en cuenta las últimas cifras que se han hecho públicas sobre morosidad de las empresas, que está creciendo de una manera exagerada. Eso al final puede crear unas tensiones de tesorería brutales que puede obligar a más de una empresa a presentar un proceso concursal. Las comunidades deberían implicarse garantizando líneas de avales para que las sociedades financieras renueven (que en muchos casos no lo están haciendo) y amplíen las líneas de crédito de las empresas. Es fundamental para que puedan salir adelante en el escenario actual”.
Salvador Marín, presidente de Economistas Expertos en Contabilidad e Información Financiera (ECIF), subraya que “el Estado debe estar muy atento y avalar a aquellas pymes que cuenten con buenos proyectos, pero no logran sacarlos adelante porque les falta financiación”.
Rafael Pampillón, profesor de Economía del Instituto de Empresa (IE), va más allá: “Si el empleo y la creación de renta (o de riqueza) la generan las empresas, lo que debe hacer la Administración es dar más facilidades para que se pueda emprender e invertir el dato de cierre de sociedades”.
Marín añade que la Administración debe flexibilizar la creación de empresas. “Debe intentar que cada vez haya menos trabas burocráticas. Está claro que se puede crear una empresa en un día, pero a la hora de la verdad se requiere mucho papeleo que retrasa la salida de buenos proyectos”. Pampillón propone reducir los costes administrativos para las empresas, “generados en gran parte por una mayor dispersión de las competencias autonómicas y locales”.
2. reducir los costes fiscales
El Ejecutivo ha previsto bajar de forma paulatina los tipos del Impuesto de Sociedades: el general, al 30% y, para las pymes, al 25%. Luis del Amo, director del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), propone reducirlo más: “Se podría rebajar en cinco puntos el de Sociedades (el general, al 25%, y el de pymes, al 20%). Esta medida tiene un coste, pero dinamizaría más la economía. Incluso atraería empresas de fuera”. Pampillón es partidario de esa medida, “lo que permitiría colocarnos más en la media de la OCDE. Ahora estamos por encima. Por ejemplo, Irlanda se encuentra en el 12,5 en ese impuesto”.
Rodríguez-Carmona defiende una fiscalidad menor, sobre todo, para las pymes: “Que se puedan deducir todo lo que reinvierte en la empresa íntegramente en el Impuesto de Sociedades”.
Para Marín, “los incentivos fiscales no están de más, porque ¿a quién le amarga un dulce? Aunque ahora mismo no es lo más importante, porque si se tocan los temas fiscales, luego se tiene que sacar de otro sitio. A lo mejor, algún sector necesita cierto apoyo fiscal, por ejemplo, el del transporte, la construcción, el industrial…, con algunos tipos de deducciones en la cuota”.
Del Amo sostiene que, desde el punto de vista tributario, no hay mucho más margen de maniobra por parte del Estado, “porque el IRPF se ha bajado con la medida de los 400 euros, que además tiene un coste muy elevado. Con eso, poco más se podría hacer, porque en las medidas tributarias el problema está en la restricción de las partidas presupuestarias con las que se cuenten (y tanto la Administración como las comunidades están viendo cómo caen sus recaudaciones). Las opciones son o incentivar rebajando impuestos o incrementando el gasto, lo que supone menor recaudación y entrar en déficit. Y una de las restricciones es no incurrir en déficit o que sea pequeño”.
Para las comunidades autónomas, este experto propone “rebajar mucho, casi eliminar, los actos jurídicos documentados, es decir, la modalidad en impuestos sobre transmisiones patrimoniales que grava todas las escrituras sobre préstamos hipotecarios”. Esto supondría en su opinión, por un lado, abaratar directamente todas esas escrituras de préstamo hipotecario (que ahora mismo se gravan con el 1%). Y, por otro lado, que “en el proceso de la construcción es un impuesto que se devenga varias veces (cuando pide un préstamo hipotecario el promotor, cuando se amplía la carga hipotecaria, cuando se hace la división horizontal o cuando se hace la declaración de obra nueva). Al final, aunque en sí no es demasiado, como se devenga más de una vez, sí podría tener cierta incidencia”, considera Del Amo.
3. Flexibilizar el mercado laboral
Según Salvador Marín: “Al igual que las empresas pueden contratar, también si en un momento dado necesitan reducir personal, que puedan hacerlo sin tantas trabas y, en todo caso garantizándose la protección del trabajador”.
Rodríguez-Carmona recuerda que hay empresas pequeñas que se ven obligadas a ajustar su plantilla, “pero, tal y como está el tema, muchas no pueden. A lo mejor, prescindiendo de un número de trabajadores a un precio más asequible, la empresa podría ser viable. En la actualidad, hay muchos casos en que casi les compensa cerrar porque no pueden pagar las indemnizaciones”.
A corto plazo, la medida podría ir encaminada a que el Estado pague parte de esas indemnizaciones, “pero a medio, lo que hay que hacer es flexibilizar las condiciones de contratación, es decir, que sea exactamente igual de fácil contratar que despedir, y eso pasa por una reducción de los costes del despido”. Pampillón apuesta por reducir los costes sociales, “ya que tenemos unas cotizaciones de las más altas de Europa”.
4. Incentivar el consumo
“La única forma de hacerlo ahora es –según Marín– que la Administración genere confianza en el consumidor. Se podría ayudar promocionando a las pymes a que salgan al mercado. O creando Observatorios de precios dedicados a dar información sobre la cadena de valor desde el precio de origen hasta el que llega al consumidor”. Rodríguez-Carmona pide que se facilite la internacionalización de las pymes: “Las que no tienen el 100% de su negocio en España sobrevivirán mejor porque no tienen todos los huevos en el mismo cesto”.
5. Productividad del sistema público
Marín propone que, ya que siempre se pide productividad a las pymes, “habría que pedírsela al sistema público; una medida que contribuiría al ahorro”.
6. Formación de los trabajadores
Para Marín, esta medida debería haberse hecho antes, “cuando las cosas van bien. Si la situación va mal, a los que están en el paro, hay que darles herramientas formativas que les ayuden a reubicarse en aquellos sectores donde mayor demanda haya. Todos aquellos recursos que el Gobierno destine a la formación del trabajador y lo aplique a las pymes no será malo, aunque sus efectos son a medio y largo plazo”.
7. Liberalizar la gestión aeroportuaria
Pampillón recuerda que éste es un tema que el Gobierno ha citado en su paquete de medidas, “pero no sé si se hará con las garantías suficientes para que se haga un modelo eficaz de reducción de costes del transporte. Si se iniciase realmente una privatización de Renfe, de los puertos y de los aeropuertos, habría un campo importante para una mejor gestión del propio sector”.
