Tú mismo puedes medir tu reputación on line de forma sencilla. Basta que teclees tu nombre o el de tu empresa y compruebes qué tipo de contenidos aparecen en los primeros puestos. O incluir tu marca en el sistema de alertas de Google para saber en qué momento se habla de ti. Sencillo, cuando no hay demasiados contenidos. Si el volumen es muy grande, lo mejor es acudir a profesionales.
La mayoría de los limpiadores de reputación basan sus estrategias en herramientas que han ideado ellos mismos (cada una diferente) para, primero, detectar toda la información que se publica sobre sus clientes. Aquí ya tienes una primera clave para elegir la mejor opción. Algunas se limitan a medir la reputación en función del número de menciones, algo poco útil. Otras realizan un análisis gramatical y analizan la calidad de esas menciones. ¿Qué diferencia hay?
“Un ejemplo muy ilustrativo. Si alguien en un foro dice ‘Me gusta más Pepsi que Coca-Cola’, una herramienta que mide sólo menciones pondrá un punto positivo a las dos marcas, porque ha detectado la palabra ‘gusta’. En un análisis gramatical, la herramienta sabe que ‘gusta’ está asociado a Pepsi. En ese caso, anota un punto positivo a Pepsi y uno negativo a Coca-Cola. Es más realista”, explica Karl Bonefalk.
Las herramientas más sofisticadas, como BuzzMetrics, enfocada a agencias de relaciones públicas y grandes empresas, pueden controlar hasta 10 millones de comentarios en tiempo real y crear informes que miden de qué hablan los consumidores y cuáles son sus inquietudes. De este modo, se puede reaccionar ante cualquier crisis en el mínimo tiempo y adaptar las estrategias comerciales a las demandas de los consumidores.
EL PRECIO DE TU HONOR
En cuanto al precio, depende de lo sofisticada que sea la herramienta y el servicio prestado. Monitorizar la reputación puede costar desde 300 euros al mes, hasta 3.000. Si además de gestionar la información necesitas los servicios de abogados especializados que tengan que negociar con un blogger en una crisis, te cobrarán desde 1.000 euros para conseguir la retirada de un contenido concreto, hasta 5.000 euros, como mínimo, para casos en los que haya que realizar procedimientos enteros por la vía civil y penal.
