El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 30 de junio el proyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, conocido como la Ley ‘Crea y Crece’, con el que el Gobierno busca mejorar las condiciones para la creación de Sociedades de Responsabilidad Limitada, facilitar su expansión y mejorar el clima de negocio en todo el territorio nacional, según ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
Según el Gobierno de la nación, con dicha ley “España se sitúa entre los países más avanzados en facilitar la creación de empresas, reducir obstáculos regulatorios y favorecer la restructuración y viabilidad empresarial”.
A juicio del Gobierno, se trata de una importante reforma estructural del Plan de Recuperación para reforzar, dinamizar y facilitar la solvencia empresarial.
Principales cambios
En cuanto a los cambios que incorpora la Ley estos son los principales:
1.-Crear una S.L. con un euro. La iniciativa recoge la posibilidad de constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de un euro en lugar de los 3.000 euros reglamentarios hasta ahora. No obstante, se deberá destinar a una reserva legal como mínimo el 20% de los beneficios obtenidos desde la creación de la empresa hasta que esta reserva junto con el capital social llegue a los 3.000 euros.
2.-Constitución telemática. Se facilita la constitución telemática de empresas a través de la ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), lo que garantiza una reducción en los plazos para su creación y de los costes notariales y registrales.
3.-Actividades que no requieren licencia. Otra manera con la que el Gobierno busca hacer más fácil la creación de una empresa es ampliando las actividades que no requieren de licencia -todas aquellas que se consideren inocuas al menos en una Comunidad Autónoma, como las comerciales o las de prestación de servicios–.
4.-El papel de los notarios. El proyecto de ley también aporta novedades sobre el papel de los notarios. Estos no podrán rechazar ningún trámite necesario para la creación de empresas que ya hayan iniciado los trámites a través del Documento Único Electrónico (DUE) o del CIRCE. También se obliga a estos a estar registrados en la Agencia Electrónica Notarial.
5.-Contra la morosidad. En este apartado son varias las medidas que se incluyen entendiendo que la morosidad es una de las causas “que más incidencia tiene en la liquidez y rentabilidad de muchas empresas españolas, con particular incidencia en las pymes”.
Para ello, se extiende la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales a empresas y autónomos, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos. Asimismo, se establecen medidas sancionadoras para aquellas empresas que no cumplan los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad (Ley 3/2004, de 29 de diciembre, las cuales no podrán acceder a una subvención pública o ser entidad colaboradora en su gestión.
Finalmente, se prevé la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que hará una seguimiento y análisis de los datos de los plazos de pagos y promoverá buenas prácticas. Entre sus actuaciones se incluye la publicación de un listado anual de empresas morosas (personas jurídicas que no paguen en plazo un porcentaje superior al 5% de sus facturas y que el importe total de las facturas impagadas sea superior a 600.000 euros).
6.-Financiación. La iniciativa adapta la legislación española a la normativa europea respecto al crowdfunding, dando una mayor flexibilidad a estas plataformas para que presten sus servicios en Europa. Además, amplía el tipo de empresas en las que pueden invertir las compañías de capital riesgo, incluyendo las financieras con una actividad que esté sostenida “principalmente en la aplicación de tecnología”.
Además, se refuerza la protección de los inversores y se permite la creación de vehículos para agrupar a los inversores y así reducir costes de gestión. Para ampliar el universo de proyectos empresariales elegibles se elevan los umbrales de inversión por proyecto (de 2 a 5 millones de euros) y se modifican los límites de inversión por proyecto para inversores minoristas, que pasan a ser el más alto entre 1.000 euros o el 5% de la riqueza.
7.-Ley de Garantía de Unidad de Mercado Asimismo, se modifica esta ley con el propósito de reforzar la cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas y los mecanismos de protección de empresas y consumidores frente a medidas que no respeten los principios de proporcionalidad y necesidad.
Otras enmiendas
Al texto original, la comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso decidió añadir algunas de las 237 enmiendas presentadas por los grupos.
Empresas con propósito. De reconoce la peculiaridad de las Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC). Se crea esta figura jurídica para reconocer a las empresas que en sus estatutos incorporen el objetivo de generar valor económico, social y ambiental. Eso sí, estas compañías deberán demostrar de manera transparente su desempeño en todos ellos.
De acuerdo con B Lab Spain, impulsora de la iniciativa, esta figura será “clave para alinear los objetivos empresariales con los de la Agenda 2030”, pues se estimula el cumplimiento de “altos estándares sociales, ambientales y de buen gobierno corporativo en el tejido empresarial español”.
‘Lista negra’. El proyecto de la ley plantea que se recoja en un listado anual las empresas que hayan incumplido con los plazos legales que establece la norma contra la morosidad. Es decir, las que registren 600.000 euros en facturas no pagadas en plazo y cuyos pagos a proveedores fuera de plazo superen el 10% del total del ejercicio anterior. Esta será una de las funciones del observatorio.
Retención de la garantía. El órgano de contratación podrá retener “provisionalmente” la garantía definitiva presentada por el contratista una vez que el perjudicado tome acciones contra él por impago de facturas. Esta medida será aplicada en todo contrato cuyo valor sea igual o superior a dos millones de euros.
Memoria anual. El pleno del Congreso aceptó una enmienda al proyecto de ley con el objetivo de que la Secretaría para la Unidad del Mercado elabore una memoria anual a nivel estatal sobre la unidad de mercado.
Certificado ante la Administración Pública. Se exigirá un certificado de pago con todos los subcontratistas en los contratos superiores a cinco millones de euros, según Europa Press. De esta forma, el contratista tendrá que aportar un certificado corriente de pago con todos los subcontratistas cuando vaya presentando facturas para la Administración Pública.
Una oportunidad perdida, según Cepyme
Por su parte la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) considera que la aprobación de la Ley Crea y Crece es una oportunidad perdida para incrementar el tamaño de las pymes, en su opinión uno de los principales problemas de la economía española
“Desde Cepyme consideramos que, aunque es positivo dar más facilidades en la creación de empresas, el problema del tejido empresarial español se halla en tener una mortalidad y una atomización superior a la media europea”, sostienen. Según la Confederación, el texto normativo “obvia la incorporación de medidas eficaces para promover el crecimiento en tamaño, como son la eliminación o simplificación de las cargas regulatorias, incentivos para la unión de pequeñas y medianas empresas o medidas fiscales para la aportación de capital”.
Asimismo, arremeten contra el excesivo endurecimiento de la morosidad y solicitan un plazo mayor para que las pymes puedan implantar la factura electrónica obligatoria.
