Aunque todavía no hay una propuesta oficial sobre la mesa, algunas informaciones y las declaraciones del ministro de Inclusiones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, apuntan a una reforma de las prestaciones por jubilación en España que podría acercarse a la fórmula que ya se usa de forma extendida en Reino Unido. “La AIREF aconseja al Gobierno que, en el contexto de las recomendaciones del Pacto de Toledo, rehaga completamente esta fiscalidad”, explica Escrivá en una entrevista.
Esta reforma podría acercarse al automatic enrolment utilizado por Reino Unido desde 2012. También denominados “planes de empresa semiobligatorios”, esta fórmula obligaría a los empresarios a inscribir a sus empleados en algún plan de pensiones, al que harían aportaciones periódicas, a excepción de los trabajadores que perciban salarios muy bajos. El sistema ha contado con una gran aceptación desde su puesta en marcha, ya que el 99% de las grandes empresas y el 84% de las pequeñas lo aplican. Y, aunque el empleado puede decidir de forma individual salirse del plan, solo el 9% lo hace.
No obstante, los trabajadores que, por sus bajos salarios, no tienen obligación de ser incluidos en el sistema, podrían pedir su alta en el mismo, así como la aportación por parte del empresario. En esta categoría, el sistema británico contempla a los trabajadores de entre 16 y 21 años, así como los que se encuentren entre la edad de jubilación y los 74 años o los que reciban una renta inferior a 10.000 libras anuales.
La aportación obligatoria al plan para la jubilación ascendería al 8% del salario pensionable, repartida entre el empresario (3%), el propio trabajador (4%) y el Estado (el 1% a través de deducciones fiscales en las otras dos aportaciones). Además, el sistema británico obliga a aplicar un límite de gastos de gestión, más bajo que el de otros instrumentos similares como los planes de pensiones individuales. Estos límites se sitúan entre el 0,38% y el 0,54%.
Las ventajas fiscales serán trasladadas a estos planes de jubilación
“Sin cuestionar la centralidad del sistema público de pensiones, es necesario impulsar los planes de empleo, trasladando hacia ellos la fiscalidad favorable que ahora mismo tienen los planes individuales”, valoraba hace unos días Escrivá. Según el ministro, el sistema de fiscalidad actual solo beneficia a las rentas altas, que suman el 70% de los beneficiarios de los planes de pensiones individuales.
En este contexto, los beneficios fiscales podrían trasladarse de una modalidad a otra, favoreciendo la aportación de empresario y trabajador al plan conjunto. Los planes de empresa son poco utilizados en España, donde solo el 31% de los trabajadores participa en un plan de pensiones colectivo para su jubilación. Por comunidades autónomas, País Vasco es la que mejor aplica el sistema, con un 55% de los trabajadores inscritos en uno de estos planes. Las cifras, no obstante, quedan lejos de las británicas, por lo que los incentivos del Gobierno en su reforma del Pacto de Toledo podrían favorecer un crecimiento sensible de trabajadores acogidos al sistema.
