No hay la menor duda de que el sector de las energías renovables van a generar muchas oportunidades de negocio en los próximos años. De hecho, ya lo está haciendo. Incluso los grandes fondos de inversión internacionales se han dado cuenta de ello y están invirtiendo miles de millones de euros en proyectos de renovables en nuestro país, como contábamos hace algunos meses en EMPRENDEDORES.
Este boom de la renovables no sólo traerá oportunidades para la inversión, sino que también será una importante fuente de creación de empleo. No en vano, según un estudio de la comercializadora de energías verdes Unieléctrica, en España se crearán 468.000 empleos relacionados con las energías renovables en los próximos años, tal y como informábamos.
Sin embargo, este sector también se encuentra con algunas amenazas que podrían lastrar su evolución. Al menos ésta es la opinión de Greenalia, la empresa de producción de energía renovable presidida por el exvicepresidente y exconsejero delegado de Inditex, José María Castellano.
La anulación de la autorización de dos parques eólicos de Greenalia ha levantado ampollas. Según recoge El Correo Gallego, la empresa se muestra en contra de que se pidan informes sectoriales antes del trámite de información pública y que se les haya obligado a paralizar las obras como medida cautelar.
La compañía presidida por Castellanos reseña que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) considera que en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del parque deben tramitarse primero las peticiones de los informes sectoriales, abriendo después la fase de información pública para que los interesados puedan alegar al contenido de esos informes.
Sin embargo, Greenalia asegura que esta doctrina va en contra de la Ley de Evaluación Ambiental, que indica que la solicitud de los informes sectoriales a las administraciones afectadas ha de hacerse simultáneamente al trámite de información pública. De hecho, la empresa remarca que “recientemente el Tribunal Supremo ha admitido a trámite dos recursos de casación frente a esta doctrina” del TSXG.
Al hilo de ello, advierte que hay otros proyectos afectados por medidas cautelares impuestas por la misma sala del alto tribunal gallego en aplicación de este criterio. Además, considera que esta medida va a afectar a más proyectos, así como a otros sectores que necesiten de informes ambientales.
La compañía también está muy molesta por la forma en que se ha producido la anulación de la autorización de uno de los parques eólicos proyectados en Galicia.
Greenalia explica que el 20 de junio recibió una aclaración de la sentencia sobre el proyecto del parque eólico Bustelo, en los términos municipales de Carballo y Coristanco (La Coruña), en la que se comunicaba a la empresa un “error material” por el cual el TSXG modificaba el fallo de una sentencia anterior, estimando así el recurso contencioso-administrativo de la Asociación para a Defensa Exolóxica de Galiza (Adega) contra la autorización administrativa del parque.
El problema es que dicha modificación del fallo llegó después de otra notificación del 16 de junio, en la que se fallaba expresamente la desestimación del recurso, por lo que la compañía había decidido retomar la actividad.
Ahora, tras la llegada de la última comunicación, Greenalia lamenta tener que volver a detener el proyecto, “pese a haber invertido ya más de siete millones de euros” y sin que se exigiera a los demandantes, Adega, “ningún tipo de fianza”, al tratarse de una organización sin ánimo de lucro, según indica el diario.
Asimismo, la empresa hace hincapié en que había presentado recusación sobre uno de los magistrados de la sala, Luis Villares, excandidato a la presidencia de la Xunta por En Marea, quien había mostrado públicamente su oposición al parque eólico.
Además, hay que recordar que la compañía tiene otro proyecto paralizado muy cerca del anterior y en una situación similar. Se trata del parque eólico Campelo, entre Coristanco y Santa Comba (La Coruña), que también se ha visto afectado por la anulación de la autorización administrativa previa y de construcción, así como la declaración de utilidad pública y de compatibilidad con aprovechamientos mineros y forestales del proyecto, según detallaba Economía Digital.
La paralización se produjo tras una sentencia del TSXG, que estimaba el recurso presentado también por Adega, junto con la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica.
El alto tribunal gallego considera que se produjo una “indebida fragmentación” del parque, pues no es autónomo e independiente respecto de los del Monte Toural y Bustelo, promovidos también por Greenalia.
