Las grandes empresas remolonean más que las microempresas en el pago de facturas

“Pagar tarde se ha institucionalizado. Para algunas empresas es una forma encubierta de financiarse a costa de sus proveedores”. Así de tajante se muestra Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).

La organización subraya que las grandes empresas pagan tres veces peor que las microempresas en España. Estos datos se desprenden del ‘Observatorio de pagos de la Unión Europea’, elaborado por la Comisión Europea.

Según el mismo sólo el 15% de las grandes empresas pagas sus facturas en la fecha de vencimiento, frente al 50% de las microempresas.

Además, la PMcM hace hincapié en que España está entre los países con mayor diferencia de comportamiento en los pagos según el tamaño de empresa.

Todo ello, en un contexto de aumento de la morosidad, que el año pasado volvió al nivel de 2021, como recogíamos en este artículo.

Riesgos de la morosidad de las grandes empresas

La plataforma recalca que los retrasos en los pagos de facturas afectan directamente a la liquidez de pymes y microempresas, limitan su capacidad de inversión y aumentan su vulnerabilidad ante cualquier crisis económica.

Además, la morosidad de las grandes empresas no sólo perjudica a quienes la sufren directamente, sino que los retrasos generan un ‘efecto cascada’.

De este modo, Cañete advierte que la morosidad de las grandes empresas supone “una amenaza sistémica” para la supervivencia de las pymes.

Y este problema está muy extendido. Según el estudio, casi un tercio (31%) de las empresas europeas han tenido que retrasar sus propios pagos porque a ellas mismas les pagan tarde.

Asimismo, casi la mitad de las empresas españolas reconocen que pierden ingresos por la morosidad de los clientes, tal y como contábamos en EMPRENDEDORES.

“Este fenómeno revela hasta qué punto la cultura del pago tardío se ha extendido en Europa y especialmente en los países con mayores desequilibrios en la cadena de pagos, como es el caso de España”, apunta la organización.

Reformas para agilizar el pago de facturas

La PMcM cree que la actual Directiva 2011/7/UE, que establece los plazos máximos de pago, no está siendo eficaz para combatir la morosidad. Al carecer de mecanismos de supervisión y sanción efectivos, la normativa no tiene suficiente fuerza para agilizar el pago de facturas.

Para corregir esta situación, la Comisión Europea propuso el Reglamento COM (2023) 533, que sustituiría a la directiva vigente. Además, tendría aplicación directa en todos los Estados miembros, lo que permitiría una aplicación más homogénea y efectiva.

“La propuesta inicial contemplaba un plazo único de pago de 30 días naturales, la creación de autoridades nacionales de supervisión y sanciones automáticas en caso de incumplimiento. Sin embargo, durante su tramitación en el Parlamento Europeo se introdujeron algunas excepciones sectoriales, que permitirían ampliar los plazos en situaciones justificadas, como productos de baja rotación o estacionales”, detalla la PMcM.

El texto está en fase de debate en el Consejo Europeo, donde las diferencias económicas y culturales entre países están dificultando el consenso.

¿Rebaja de los plazos de pago?

La plataforma indica que el debate sobre el futuro reglamento se enfoca en la posibilidad de limitar aún más los plazos de pago de facturas.

Hay que recordar que el marco comunitario actual fija el plazo en un máximo de 60 días para operaciones entre empresas y 30 días para el sector público.

“Según el informe del Observatorio Europeo, los plazos medios reales superan estos límites, alcanzando 60,3 días en las operaciones entre empresas y 69,8 días en las transacciones entre administraciones públicas y empresas”, puntualiza.

La PMcM señala que la mayoría de empresas europeas respaldan una mayor limitación de los plazos de pago. “El 41% de los encuestados apoya establecer un plazo máximo obligatorio entre empresas, mientras que un 23% adicional lo respalda siempre que exista flexibilidad para determinados sectores. Y el 37% restante se opone a fijar un límite legal. En conjunto, el 63% de las empresas europeas apoya algún tipo de limitación de los plazos de pago”, especifica.

“Entre quienes respaldan un límite obligatorio, la opción preferida es un plazo de 30 días, apoyada por el 31% de los encuestados, seguida por un límite de 60 días”, añade.

“La lucha contra la morosidad sigue siendo una prioridad en la agenda de la Comisión Europea para 2026, lo que refuerza la necesidad de avanzar hacia un marco normativo más efectivo”, concluye.