5 claves para capitalizar el aplazamiento de Verifactu hasta 2027 

El aplazamiento hasta 2027 de la implantación del Reglamento que regula los Sistemas Informáticos de Facturación (RRSIF), comúnmente conocido como Verifactu, fue recibido con alivio por muchas pymes y autónomos.

Pero, si bien ha proporcionado una segunda oportunidad a parte del tejido productivo, las empresas no deben relajarse.

Este nuevo margen de tiempo es una invitación a actuar con más criterio y evitar las urgencias de última hora, ya que la digitalización de los procesos de facturación sigue avanzando, como se ha visto con la reciente aprobación del Reglamento de Facturación Electrónica, que dibuja un marco normativo más amplio que marcará la operativa empresarial durante los próximos años.

El nuevo calendario ofrece un margen adicional para prepararse, planificar y evitar una adaptación precipitada. Estas son cinco claves para capitalizar este nuevo escenario.

1. El aplazamiento no modifica la normativa, solo el calendario

La decisión del Gobierno retrasa la obligatoriedad del RRSIF hasta 2027, pero no altera ni sus objetivos ni sus requisitos.

El Reglamento sigue plenamente vigente y mantiene su propósito de reforzar el control tributario preventivo mediante sistemas de facturación que garanticen la integridad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación.

No se trata, por tanto, de una marcha atrás, sino de una prórroga para facilitar la adaptación.

2. La digitalización sigue siendo una ventaja competitiva

La adopción de nuevas tecnologías continúa siendo un factor clave para la competitividad empresarial.

El margen adicional que ofrece el aplazamiento permite planificar mejor la transición, optimizar recursos y asegurar una implantación ordenada, pero no reduce la importancia estratégica de la digitalización para mejorar la productividad y la relación con clientes y proveedores.

3. Anticiparse marca la diferencia

La experiencia previa de procesos similares demuestra que las organizaciones que se adelantan a la obligatoriedad obtienen ventajas claras: más tiempo para ajustar procesos, menor riesgo de errores, mayor eficiencia operativa y una transición sin sobresaltos.

Estas empresas afrontarán con mayor solidez no solo la implantación del RRSIF, sino también el resto de normativas que afectan a los procesos de facturación, como la factura electrónica derivada de la Ley Crea y Crece, cuyo Reglamento acaba de ser aprobado, o el proyecto europeo ViDA.

4. Formación interna

La adaptación es también un reto organizativo, no solo tecnológico. La correcta implantación de la normativa exige revisar flujos internos, responsabilidades y controles, así como asegurar que las personas que intervienen en estos procesos asumen las nuevas obligaciones.

En este sentido, la formación adquiere un papel clave: capacitar a los equipos con antelación permite minimizar errores, reducir resistencias al cambio y garantizar una adopción más fluida del nuevo modelo. 

5. El riesgo de concentrar todas las obligaciones en 2027

El aplazamiento reduce la presión inmediata, pero puede generar una acumulación de obligaciones si las empresas deciden esperar hasta el último momento por la posible coincidencia temporal del RRSIF con otras reformas normativas, que puede derivar en un escenario de alta demanda tecnológica y consultiva, con riesgos de saturación, sobrecostes y mayor probabilidad de incumplimiento. 

Por tanto, el aplazamiento de un año no debe interpretarse como una pausa, sino como una oportunidad para hacer las cosas mejor, ya que la obligación se mantiene y el camino hacia la digitalización de la facturación es irreversible.

Aprovechar esta prórroga y anticiparse a la obligatoriedad es la mejor garantía para cumplir con la normativa sin tensiones y con la máxima eficiencia.

---

Francesc Núñez

ERP Product Manager en Wolters Kluwer Tax & Accounting España