El Gobierno ha aprobado la suspensión de la disolución obligada de las empresas en 2021, una medida que permitirá a las compañías a aumentar sus pérdidas este ejercicio. Además, la medida contempla que las empresas no tengan que ampliar ni reducir su capital por encontrarse en números rojos.
Esta medida deja en suspenso la ley de sociedades, que obliga a las empresas a disolverse en caso de que sus fondos propios -el capital, las reservas, la cuenta de resultados…- sean menores a la mitad del capital social. Durante este ejercicio, las compañías podrán computar todo tipo de provisiones extras, así como aplazar cualquier ampliación o reducción de capital al próximo año.
La decisión del Gobierno para 2021 se suma a la suspensión de la disolución obligada que ya se aprobó en 2020, y busca aliviar parte de la crisis económica derivada de la pandemia. Así, las posibles pérdidas de ambos años no se tendrán en cuenta a la hora de aprobar liquidaciones.
De esta forma, las empresas que no tengan que dar explicaciones a sus accionistas podrían optar por inflar sus pérdidas correspondientes a este año sin tener que ejecutar ninguna reestructuración. Sin embargo, aunque se trata de una medida para insuflar algo de aire a las compañías españolas, podría tener consecuencias a lo largo de 2022, cuando se recuperarán estos puntos de la ley de sociedades.
Incentivos para la creación de nuevas empresas
La suspensión de la disolución obligada durante 2021 no es la única medida que el Gobierno ha aprobado este año con el objetivo de favorecer las cuentas de las empresas españolas en uno de los entornos más inciertos que se recuerdan.
En este sentido, el pasado mes de julio se aprobó el anteproyecto de la Ley de Startups, que busca impulsar al país como cuna de creación de empresas emergentes y atraer talento e inversión internacional, una de las claves del Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno.
Como medidas estrella, el borrador incluye una reducción del 25% al 15% en el Impuesto de Sociedades hasta un máximo de cuatro años después de su creación; un aumento en la base máxima de deducción por inversiones; o el aplazamiento de las deudas tributarias de las empresas emergentes españolas.
Sin embargo, el anteproyecto no es suficiente para algunas reconocidas voces en el ecosistema emprendedor español, ya que elimina estas ventajas para los emprendedores que ya han fracasado con alguna en los años previos, algo incomprensible si se tiene en cuenta que el 80% de las empresas terminan cerrando durante sus primeros tres años de vida.
“El propio preámbulo de la Ley de Startups habla de que debemos normalizar el fracaso empresarial, así que también debería poderse constituir una segunda empresa con este régimen especial nada más cerrar la anterior e incluso poder ostentar más de una startup a la vez sujeta a este régimen», explican.
Además, el documento contempla algunas exenciones para las empresas en el caso de la entrega de stock options para los trabajadores, entre 12.000 y 45.000 euros, algo que los expertos consideran insuficiente.
