La fiscalidad de las grandes compañías lleva varios años en entredicho. Uno de los métodos más utilizados en la llamada “ingeniería fiscal” consiste en la creación de empresas fantasma que permiten canalizar transacciones, obtener financiación, mantener el control de un conglomerado de empresas o disminuir la presión fiscal de las mismas.
Aunque las empresas fantasma no son ilegales por sí mismas, a menudo se utilizan con fines fraudulentos, como la evasión de impuestos. Por eso, antes de nada, es necesario conocer qué es exactamente una compañía de este tipo y cuáles son sus usos legítimos.
Por definición, las empresas fantasma son compañías sin activos propios ni operaciones comerciales conocidas. La mayoría de estas sociedades tienen una finalidad legal, como albergar los activos intangibles de otra empresa (las acciones, por ejemplo) o facilitar las transacciones internacionales. “Sin embargo, en algunas jurisdicciones, muchas empresas de baja capitalización son confundidas con empresas fantasma, ya que disponen de recursos limitados y con frecuencia el volumen de negocio es inferior a la media”, explican en un artículo desde el despacho de abogados Foster Swiss.
Sin embargo, a menudo las empresas fantasma no se constituyen con fines legítimos. También son un buen método para defraudar al fisco. Una de las fórmulas más conocidas es la de la canalización de los ingresos internacionales a través de estas sociedades, evitando así los impuestos que una empresa o particular debe reportar en su país. También el dinero ilegítimo, obtenido de la corrupción política o la venta de armas y drogas, suele lavarse utilizando empresas fantasma.
Las empresas fantasma, bajo la lupa de Hacienda en 2021
Los posibles usos ilegales de las empresas fantasma han llevado a la Agencia Tributaria a anunciar una “limpia” de sociedades en 2021. “Las empresas inactivas resultan potencialmente ocultadoras de la verdadera titularidad de los bienes y derechos, en España o en otras jurisdicciones, y afectan a la transparencia de nuestro sistema y a la comunicación del beneficiario efectivo”, explican.
En este sentido, Hacienda comenzará a retirar los NIF de las empresas fantasma sospechosas de fraude, lo que podría acarrear sanciones para más de 150.000 sociedades. Según algunos datos, hasta 700.000 empresas en España se mantienen inactivas, una situación que podría haber empeorado tras la llegada de la pandemia y los cierres masivos de negocios.
Aunque la obligación del emprendedor es dar de baja la empresa si su negocio cierra, en algunos casos estas sociedades se mantienen vivas esperando una posible segunda oportunidad, evitando pagar los gastos de constitución de nuevo cuando llegue el momento. Así, la intención de Hacienda en 2021 es que “solo aquellas sociedades que realmente intervengan en el ámbito comercial o económico mantengan su plena vida jurídico-fiscal”.
