El ejercicio de la seguridad privada, los que conocemos como detectives, se rige por la ley publicada en el BOE el 5 de abril de 2014. Conforme a esta, para ejercer la profesión es necesario haber superado 3 años de estudios universitarios en los centros que dispongan de esta titulación homologada y, una vez obtenido, solicitar la licencia de habilitación para el ejercicio de la profesión que emite el Ministerio del Interior.
Se les exige también, entre otros requisitos, nacionalidad europea, carecer de antecedentes penales por delitos dolosos y haber superado un test psicotécnico. En estas condiciones, es decir, que se ajusten a la ley, Francisca Cáceres, presidenta la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE), calcula que habrá alrededor de 1.500 investigadores privados.
En realidad muy poca competencia para unos servicios cada vez más demandados. El problema no es, pues, de falta de mercado sino, como señala Cáceres, la de un intrusismo profesional que tanto procede de personas particulares que no tienen ni idea del oficio como de otros más profesionales, como son los criminólogos.
En equipamiento básico
En realidad, cualquiera que se anime a sumarse a esta profesión por las bravas lo tiene fácil mientras no reciba denuncia por competencia desleal o fraude. Basta con disponer de un coche, una grabadora de voz, una cámara de vídeo y un ordenador decente para montar las imágenes. El resto es cuestión de echar horas detrás de la persona a investigar e ir acumulando pruebas.
La baja barrera económica para montar un negocio de estas característica hace que proliferen aficionados con pocos escrúpulos ofreciendo este servicio. Otra cosa es que las pruebas que aporte tengan después validez legal en una causa judicial.
La otra fuente principal de intrusismo proviene de los criminólogos carentes de la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) de detective privado. El problema en este caso es que resulta más fácil que los informes redactados por ellos pasen por válidos en los procesos judiciales, bien por desconocimiento o por la causa que sea.
“Nos toca ahora aleccionar no solo a los ciudadanos sino también a las instituciones”, declara Francis Cáceres. En este sentido denuncia que abogados, empresas e, incluso, juzgados, están asumiendo como válidos informes e investigaciones de conducta, que “al ser realizado por criminólogos que no cuentan con la habilitación establecida por la Ley, pueden llegar a ser rechazados por las instituciones que los requieran, y su encargo y realización puede constituir un fraude, por el que los clientes que lo contratan están perdiendo tanto su tiempo, como su dinero”.
Predominan los autónomos
Dejando ya a un lado el problema de la competencia desleal, la gran mayoría de los profesionales legales que se dedican a la investigación privada tributan en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) bien a título particular, bien como freelance para otras agencias de detectives, despachos de abogados u otras organizaciones empresariales ciñéndose siempre al código deontológico de la profesión.
La otra opción es montar tu propio despacho de detectives privados el cual deberá inscribirse de oficio en el Registro Nacional de Seguridad Privada o, en su caso, en el registro de la comunidad autónoma competente, previa presentación de declaración responsable.
En cuanto al precio por hora de un servicio de estas característica, no existe una tarifa determinada aunque algunas estimaciones hablan de un rango de entre 40 y 70 euros la hora. Habría que añadir a esto posibles gastos por desplazamientos, alojamientos, dietas, seguimientos de noche o en festivos y sumar el 21% de IVA a la factura.
¿Es rentable?
Dice Francisca Cáceres que cuando ella empezó a trabajar en esto en el año 2000 sí era un oficio muy rentable. El estallido de la burbuja inmobiliaria les afectó como a todos, pero no han llegado a recuperar el estatus económico del comienzo del siglo, pese a que el abanico de posibilidades es amplio.
Un nicho importante para estos profesionales son los despachos de abogados. También las empresas, con el encargo de informes prelaborales antes de contratar a un trabajador nuevo eran antes una importante fuente de ingresos. Ahora, con los nuevos contratos y la laxitud de los indefinidos a la empresa le sale casi mas económico el despido que el informe prelaboral.
Lamenta también Cáceres las numerosas inspecciones que reciben los despachos y profesionales legalmente establecidos y las elevadas sanciones que sufren en caso de infracción, equiparables a las de una empresa de seguridad privada.
Se les aplica, además, un régimen de incompatibilidad con el desarrollo de funciones del resto del personal de seguridad privada, ni con funciones propias del personal al servicio de cualquier Administración Pública.
¿Qué les queda?
En este momento, la mayoría de los encargos que reciben estos profesionales están relacionados con cuestiones familiares -desde deslealtad entre los cónyuges hasta conflictos por la custodia y cuidado de los menores en un proceso de divorcio o separación-; gestión de testamentos o bienes patrimoniales; informes de candidatos a inquilinos para un alquiler; la obtención de información tendente a garantizar el normal desarrollo de las actividades que tengan lugar en ferias, hoteles, exposiciones, espectáculos…o ámbitos análogos o; averiguaciones y obtención de información y pruebas relativas a delitos sólo perseguibles a instancia de parte por encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal.
Asimismo, según contábamos hace un tiempo en otro artículo de esta web, los detectives realizan cada vez más trabajos de seguridad para empresas.
De todos estos servicios, suelen ser los familiares los que más disgusta asumir a los detectives, sobre todo si hay niños por medio. “Ahí trabajas con la calamidad”, dice Cáceres quien asegura tener siempre preparada la caja de clínex debajo de la mesa.
