Hace poco se hacía pública una información sobre la prohibición del Gobierno balear del uso de las cápsulas de una conocida marca de café por ser de un solo uso, es decir, no reciclables. Indica ello que crece la concienciación social y administrativa por el impacto medioambiental que generan envases y recipientes.
Sin embargo, lo que parece una iniciativa de excepción debería ser la regla. Según Alberto Vizcaíno López, ambientólogo y profesor de sostenibilidad, muchas cosas se solucionarían con una rigurosa aplicación de la legislación que ya existe sobre la materia, tanto en el ámbito nacional como en el entorno europeo. En España, la Responsabilidad Ampliada del Productor se establece en la legislación sobre residuos. “Está recogido en las directivas de la Unión Europea e incorporado al Derecho nacional desde finales de los años 90, si bien se recoge expresamente y se define el marco regulador vigente en la Ley 22/2011 de 28 de julio sobre residuos y suelos contaminados”, dice Vizcaíno.
Conforme a ésta, la ley, y sus correspondientes sanciones, podría aplicarse a cualquier cosa que, con su uso, se convierta en residuo. Algunos productos, como los envases y residuos de envases tienen desarrollo reglamentario propio, pero también existen otros específicos para artículos como aparatos eléctricos y electrónicos, neumáticos, aceites industriales o pilas. Asimismo, se halla en estudio la aplicación de medidas similares a ámbitos como el textil o la industria alimentaria.
Exigencias legales
La Ley de Residuos concreta que es el productor del artículo, persona física o jurídica, el responsable de vigilar la sostenibilidad. En aplicación de la responsabilidad ampliada se les plantean determinadas exigencias. Así, explica Alberto Vizcaíno, están obligados a diseñar productos “de manera que a lo largo de todo su ciclo de vida se reduzca su impacto ambiental y la generación de residuos, tanto en su fabricación como en su uso posterior, y de manera que se asegure que la valorización y eliminación de los productos que se han convertido en residuos se desarrolle de conformidad con lo establecido en la legislación”.
Obligatorio sería, también, “desarrollar, producir, etiquetar y comercializar productos aptos para usos múltiples, duraderos técnicamente y que, tras haberse convertido en residuos, sea fácil y clara su separación y puedan ser preparados para su reutilización”. Asimismo, se exige aceptar la devolución de productos reutilizables, estableciendo sistemas de depósito, y asumir la gestión de los mismos, total o parcialmente.
Las sanciones
En cuanto a las sanciones establecidas para aquellos que vulneran la ley en los casos que existe, se gradúan desde muy graves hasta leves. En el primer supuesto estarían aquellas prácticas que ponen en riesgo la salud pública, la seguridad de los consumidores o producen daños notables al medio ambiente. Más amplio es el abanico en el caso de las graves donde se contemplan situaciones como ocultación o falseamiento de los datos exigidos por la normativa aplicable; la entrada en territorio nacional de residuos procedentes de otro Estado miembro de la Unión y otro tercero o la omisión de elaborar estudios de minimización de impacto de los residuos o de los planes de prevención en la materia. Leves sería, por ejemplo, retrasar la entrega de la documentación o infracciones menores. En lo que respecta a las cuantías, las multas pueden ir desde 1.750.00 euros, en el caso de las muy graves, hasta los 900€ cuando son leves (hasta 9.000€ si se trata de residuos peligrosos). Las sanciones podrían también acarrear consecuencias como el decomiso de mercancías o inhabilitación para el ejercicio de la actividad, entre otras.
“En general, la legislación ambiental es la gran desconocida de las empresas españolas, sostiene Alberto Vizcaíno quien hecha de menos, también, la ausencia de estudios y datos concretos sobre este asunto que, en su opinión, “tampoco parece ser una prioridad para la Administración frente a otras cuestiones más inmediatas y mediáticas”.
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