La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia define como tales a quienes necesitan permanentemente la atención de terceras personas u otras ayudas para realizar actividades básicas de la vida diaria, así como a los discapacitados intelectuales o enfermos mentales. En la puesta en marcha del SAAD (Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia) están implicados el Ejecutivo central, que pone el 50% del dinero, y los Gobiernos autónomos, que deben aportar el otro 50% y tienen transferidas las competencias en estas materias.
Para 2009, el Gobierno ha destinado 1.558 millones de euros para financiar la aplicación de la Ley, de las que ya son beneficiarias más de 520.000 personas.
El Catálogo de Servicios engloba las distintas opciones de atención a la dependencia: teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche, atención residencial. Tan sólo cuando no exista oferta pública, se reconocerá la prestación económica correspondiente: para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales o para contribuir a la contratación de una asistencia personal de carácter privado.
De manera incipiente, la Ley de Dependencia arroja claras oportunidades. La Red de Servicios Sociales de las comunidades autónomas, además de los centros públicos, deberá contar mayoritariamente con la infraestructura de la empresa privada y se calcula que se necesitarán unos 300.000 profesionales para afrontar el enorme reto que hay por delante.
