La nueva ley responde a una de las medidas que contempla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia anunciado por el jefe del Ejecutivo hace meses. Según explicación de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, el objetivo de la norma es impulsar la creación de empresas, facilitar su expansión y mejorar el clima de negocio en todo el territorio nacional.
Conforme a la futura Norma, pendiente aún de su aprobación definitiva en el Congreso, se reduce el coste económico para crear empresas y simplifica los trámites. Se podrá, así, constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de un euro, frente al mínimo actual de 3.000 euros.
Además, estas sociedades se podrán crear en menos de 10 días laborales a través de medios telemáticos sin necesidad de acudir presencialmente a ninguna organismo público ni notaría. Para ello, se aboga por impulsar la utilización del sistema de tramitación telemática Centro de Información y Red de Creación de Empresa (CIRCE) y el Documento Único Electrónico (DUE), como ventanilla única que viene gestionando y desarrollando, desde el año 2003, la Dirección General de Industria y de la pyme del Ministerio de Industria Comercio y turismo, así como reforzar la obligación, para todos los notarios, de estar disponibles en la Agencia Electrónica Notarial.
En lo que respecta a la creación de una Sociedad Anónima el capital social de la misma no podrá ser inferior a 60.000 euros y se expresará precisamente en esa moneda.
Otras novedades
Además de la referida, la nueva ley incorpora al entorno empresarial otras novedades entre las que caben destacar:
1.-Un euro, pero con reservas
A pesar de que, al amparo de la Ley Crea y Crece se podrán crear empresas con un capital social mínimo de un euro, se obligará a éstas a que destinen el 20% de sus beneficios a la partida de Reserva Legal hasta que ésta sumada al capital social alcance la cifra mínima de 3.000 euros.
Por otro lado, si la empresa tiene deudas y se disuelve sin que se puedan satisfacer las deudas con el patrimonio resultante, los socios responderán solidariamente de la diferencia entre el importe de 3.000 euros y la cifra del capital suscrito.
2.-Contra la morosidad
La norma contempla medidas orientadas a combatir la morosidad en las operaciones comerciales, “una de las principales causas de los problemas de liquidez y rentabilidad y solvencia de muchas empresas, en especial las pymes”, sostienen desde Moncloa. En este sentido, el Gobierno prevé la creación, en el plazo de seis meses, de un observatorio estatal de la morosidad, que se encargará de hacer un seguimiento del cumplimiento de los plazos.
Además, el texto establece que las empresas que no cumplan los plazos legales de pago no podrán acceder a subvenciones públicas, incluidas las del Plan de Recuperación.
No se hace referencia, en el texto, a los plazos de pago de las Administraciones Públicas cuyo retraso lamenta con frecuencia las corporaciones. Según publicaba recientemente autónomosyemprendedores.es , la Administración central, autonómica y local, acumulan deudas de casi 4.500 millones de euros a sus proveedores, la mayoría pequeños negocios. Asimismo, se limitará a ese plazo de 10 días laborales cualquier modificación que afecte a esa sociedad como puede ser un aumento o reducción de capital.
3.-Emisión de facturas electrónicas
Se impone la obligación de expedir y emitir factura electrónica para todas las transacciones entre empresas y autónomos al objeto de garantizar así una mayor trazabilidad y control de los pagos y como mecanismo de lucha contra la morosidad.
La implantación efectiva de la factura electrónica se facilitará con los recursos previstos para la digitalización de las pymes en el Plan de Recuperación. En particular, el Programa Digital Toolkit incluirá entre los productos y servicios subvencionables la factura electrónica. Aclara que el Programa Digital Toolkit tiene como objetivo apoyar la adquisición de soluciones digitales por parte de las pymes con miras a su digitalización. Dicho programa, tiene un presupuesto de 3.000 millones de euros en ayudas no reembolsables para dotarse de herramientas digitales básicas. Las ayudas estarán disponibles hasta que se agoten los fondos.
Por otro lado, las empresas que facturen más de 8 millones al año tendrán el plazo de un año para adaptarse a la Norma, una vez sea definitivamente aprobada y publicada en el BOE. La moratoria para las compañías con una facturación inferior se extiende a los tres años.
4.-Catálogo de actividades exentas
La norma mejora la eficiencia del marco regulatorio de las actividades económicas al simplificar la legislación existente, eliminar obstáculos, agilizar los procedimientos y ampliar el catálogo de actividades exentas de licencia. Asimismo, refuerza el papel de la nueva conferencia sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios.
5.-Impulso a la financiación alternativa
El proyecto potencia los instrumentos alternativos al crédito bancario, como el crowdfunding o la financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo. La Ley Crea y Crece adapta así la regulación nacional a la normativa europea, introduciendo más flexibilidad para que estas plataformas presten sus servicios en Europa. No olvidemos que, a través del crowdfunding nacieron compañías que luego se convirtieron en unicornio.
Además, se refuerza la protección de los inversores y se permite la creación de vehículos para agrupar a los inversores y así reducir costes de gestión. Para ampliar el universo de proyectos empresariales elegibles se elevan los umbrales de los importes permitidos por proyecto financiado y por inversor.
Además de impulsar la industria del capital riesgo, se amplia el tipo de empresas en las que pueden invertir estas entidades, incluyendo empresas financieras con un alto componente tecnológico.
Finalmente, se amplían las figuras reconocidas para fondos cerrados, incluyendo estructuras de amplia trayectoria en otros países de nuestro entorno. Se trata de fondos de deuda que puedan invertir en préstamos, facturas o efectos comerciales, contribuyendo y mejorando la financiación empresarial de compañías que hayan visto deteriorada su estructura financiera como consecuencia de la pandemia.
Si quieres consultar el texto completo del anteproyecto puedes hacerlo clicando en este enlace.
