La Ley 2/2023 de Protección de Informantes en España obliga a las empresas de entre 50 y 250 empleados a implantar un canal de denuncias efectivo. Una ley que afecta a 21.400 pymes en España y que entrará en vigor en tres meses. La nueva normativa transforma el panorama de cumplimiento no solo a nivel nacional, sino también europeo.
¿Qué debes tener en cuenta a la hora de adoptar la normativa? EQS Group, líder del mercado en sistemas de compliance digitales en Europa, apunta 4 claves:
Formación al personal de Recursos Humanos
Si bien en las grandes empresas existe una figura más marcada del Compliance Officer o encargado del Cumplimiento, en las pymes es habitual que este rol lo asuma una persona de Recursos Humanos, que puede no estar acostumbrada a este tipo de tareas. Se trata de uno de los retos más importantes para las compañías de este tamaño, ya que esta Ley 2/2023 de Protección de Informantes les exige designar a un responsable del sistema de cumplimiento, que debe notificarse a la Autoridad Independiente de Protección del Informante.
Por ello, es importante que esta persona –que no puede recibir órdenes o instrucciones sobre su cargo por ley– reciba formación y cuente con todas las herramientas para aplicar los códigos de conducta de la compañía, pueda gestionar las infracciones y alertar de posibles sanciones. Del mismo modo, será la encargada de establecer una cultura ética y de cumplimiento en la compañía, y por tanto, será el modelo de referencia para el resto de empleados, organizando cursos de prevención o de uso de los nuevos sistemas y canales de denuncia.
Conocer los requisitos de la nueva Ley
Ya que se puede dar el caso de que el personal de Recursos Humanos no tenga la formación apropiada para implantar la Ley 2/2023 de Protección de Informantes, es necesario que conozca todos los requisitos que exige esta nueva ley. Por ejemplo, todas las empresas tienen que contar con una política interna de protección de los informantes, así como disponer de un procedimiento de gestión de las denuncias recibidas, aprobado por el órgano de administración.
Cumplir con la ley para evitar sanciones económicas
Una vez se pase la fecha límite, las empresas quedarán expuestas a incumplir la Ley 2/2023 de Protección de Informantes por no disponer de un sistema interno de información, lo que puede constituir en una sanción económica en función de si se considera infracción grave 600.001 euros o muy grave 1.000.000 euros para las personas jurídicas.
Elegir el mejor método de comunicación para los empleados
Las empresas deben disponer de un canal de denuncias que garantice la confidencialidad. Por ello, la opción que cada vez coge más fuerza son los canales de denuncia digitales, que facilitan un mejor seguimiento del caso en todo momento, así como el anonimato del anunciante.
“Nos encontramos ante un momento crucial para el whistleblowing en España y en toda la Unión Europea. La implementación de la Ley 2/2023 de Protección de Informantes ha ampliado significativamente las protecciones para los informantes, incluyendo la confidencialidad y el anonimato. Además, se enfatiza la importancia de la trazabilidad legal, lo que hace que la elección de la tecnología de whistleblowing sea crucial para el cumplimiento de la ley”, explica Murray Grainger, Country Manager de EQS Group en España y Portugal.
Apoyo para tu canal de denuncias
España autorizó la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Denunciante (AIPE), una entidad que desempeñará un papel fundamental en la implementación y supervisión de la ley. A nivel regional, varias agencias en diferentes comunidades autónomas, como Valencia, Barcelona, Andalucía, las Baleares y Navarra, han sido nominadas para desempeñar un papel regional en la implementación y supervisión de la legislación.
Por tanto, las pequeñas y medianas empresas deberán cumplir con una serie de medidas antes de que se cumpla la fecha límite, el próximo 1 de diciembre, con menos recursos que las grandes empresas y en un entorno empresarial competitivo, no exentas de posibles casos de corrupción o abusos de poder.
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