Otra de las grandes injusticias a las que están sometidos muchos empresarios es que, a pesar de no cobrar sus facturas, tienen que pagar este impuesto. “Si entregas tu factura, al llegar el trimestre tienes que hacer liquidación del IVA como si la hubieras cobrado”, denuncia OPA. De ahí a que las principales plataformas antimorosidad y de autónomos hayan solicitado a todos los grupos políticos una propuesta para liquidar el IVA hasta que no se cobren las facturas.
“El 21 de abril de 2009 conseguimos que se aprobara en el Parlamento, pero a día de hoy sigue sin ser efectiva”, explica Carlos García Rioja, presidente de la Asociación Española para la Prevención de Impagados y Morosos (AEPIM). Al menos, los grupos acaban de comprometerse de nuevo en el Congreso a hacer una propuesta de ley al respecto. “No podemos hacer de recaudadores de Hacienda sin haber cobrado”, dice con sorna Camilo Abiétar. Un consuelo: al menos ahora las empresas que están en un proceso judicial de reclamación de impago pueden solicitar la devolución del IVA, algo que antes estaban solicitando las empresas morosas.
Los técnicos de Hacienda (Gestha) proponen que las facturas que no se cobren pasados tres meses o el plazo que se establezca, “se consideren incobrables, así evitaríamos que la empresa morosa se deduzca el IVA y, en el peor de los casos, solicite la devolución y la obtenga”, reclama José María Mollinedo, su secretario general. Para este colectivo “no tiene sentido en la situación de crisis actual que las Administraciones públicas adeuden más de 12.300 millones de euros, obligando a las empresas a pagar, previamente y bajo amenaza de embargo, más de 5.600 millones de euros a cuenta del IVA e Impuesto de Sociedades por las facturas de unos servicios y beneficios que aún no han cobrado”.
Para solucionar éste y otros problemas, el año pasado el ICO abrió una línea de avales por valor de 3.000 millones de euros para que las pymes pudiesen cobrar sus facturas impagadas. “Al final, a pesar de la alta demanda, la línea de morosidad sólo dispuso de 154 millones de euros”, critica Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA). ¿Razones? Según este representante de los autónomos, “se debió a que muy pocos ayuntamientos reconocieron las deudas”. En concreto, para que la entidad de crédito aceptase el endoso de las facturas impagadas, la empresa o autónomo debía presentar una certificación del secretario del ayuntamiento donde reconociese que debía ese dinero. Y conseguir este papelito fue más difícil que nunca. Además, aunque el Ministerio de Economía luego ofreció a los ayuntamientos la posibilidad de aplazar sus pagos para hacer frente a las facturas, sólo el 5% de ellos lo aprovechó.
Los subcontratistas, los más indefensos
Pero no hace falta trabajar directamente para un ayuntamiento para sufrirlo en carnes propias. Aunque, en teoría, el pago del ayuntamiento al contratista debe ser de 30 días, y del contratista al subcontratista, de otros 30, esto no suele suceder en esos plazos. De nuevo, la ley antimorosidad tiene un agujero. Según el artículo 211, el contratista puede pactar con el subcontratista plazos más elevados de pago “siempre que no se trate de una cláusula abusiva”. Y nadie dirá que es abusiva… porque se quedará sin trabajo.
Así, “el plazo medio de pago del subcontratista a nosotros está entre 240 días y un año pero, encima, a algunos se nos pide que extendamos un certificado de haber cobrado a 30 días, aunque sea falso”, denuncia explica Luis Rodulfo, director general de la Confederación Española de Empresas de Materiales de la Construcción (Cepco). O lo tomas, o lo dejas. Siempre habrá alguien dispuesto a firmarlo. “Los suministradores estamos pillados por todas partes: tenemos un plazo de pago enorme y no podemos acudir a las líneas de financiación bancaria”, añade Rodulfo. Así, Cepco calcula que, el año pasado, el 10% de sus empresas cerraron o entraron en concurso de acreedores.
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“Me deben más de un millón de euros” 
Disfrutaba de una vida tranquila y de una empresa saneada hasta que empezó a trabajar para el Ayuntamiento de Barbate, en el paraíso de la almadraba… y de los impagos. Hoy, el municipio gaditano tiene una deuda de 60 millones de euros contraída con la Seguridad Social y Hacienda. A su Casa de la Cultura y Polideportivo municipal les han cortado la luz, debe decenas de nóminas y muchos de los empresarios que han trabajado para esta localidad llevan sin cobrar varios años. Entre ellos, Luis Gómez, cuya empresa de construcción, Gades Gestión SL, que realizó la reforma, ampliación de varios colegios y el centro de servicios sociales, tiene un millón de euros pendiente de cobro, además de 1,8 millones en litigio. “Tales son mis problemas financieros, que he tenido que aplazar 700.000 euros de Seguridad Social y Hacienda y tiene una sanción pendiente de 240.000 euros por no pagar el IRPF en su momento”. También tiene cobros pendientes con Conil y Tarifa. |
