No cabe duda de que la mayor pérdida causada por catástrofes naturales como los incendios son las vidas humanas que se lleva el fuego. Esas pérdidas son irreparables. No hay nada que las compense.
De las pérdidas materiales, por el contrario, sí que nos podemos resarcir. Aunque también es cierto que es muy difícil recuperar completamente todo lo que han arrasado los incendios, como viviendas, infraestructuras, bosques, cultivos, explotaciones ganaderas, naves industriales, etc.
Ahora es cuando entra en juego las instituciones públicas, que deben dar una respuesta rápida y suficiente para que los afectados por estos incendios puedan recuperarse y volver a la normalidad cuanto antes.
Así pues, el Consejo de Ministros ha anunciado esta misma mañana la declaración de zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil a diversos territorios que han sufrido incendios forestales este verano.
“El acuerdo del Consejo de Ministros recoge las tres graves oleadas de grandes incendios forestales que, con diversa intensidad y gravedad, se han registrado en España en los últimos dos meses”, detalla.
En total, se trata de 114 incendios forestales registrados en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Navarra y Región de Murcia.
Ayudas para los afectados por los incendios
Además de las indemnizaciones previstas por daños personales y daños materiales en bienes de las personas físicas y de las corporaciones locales, el Gobierno contempla ayudas destinadas a paliar los daños materiales sufridos en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
Asimismo, los distintos ministerios asumirán las respectivas competencias para desarrollar medidas destinadas a paliar las consecuencias de los incendios, como beneficios fiscales (Ministerio de Hacienda), medidas laborales y de Seguridad Social (Ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) o subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).
Por ejemplo, se prevén beneficios fiscales como la exención del IBI o reducciones del Impuesto sobre las Actividades Económicas (IAE) para los autónomos y empresas afectadas.
También es previsible que se desplieguen líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), igual que se hiciera con motivo de la catástrofe causada por la DANA del año pasado, como contábamos entonces.
La Junta de Castilla y León, por su parte, ha puesto en marcha líneas específicas de financiación para ayudar a los empresarios y profesionales de Castilla y León afectados por los incendios, que se movilizarán a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL).
Se ha abierto una línea para autónomos y microempresas de menos de 10 empleados, a través de la cual se bonificará el total de los costes financieros. Y también hay otra línea para empresas con 10 o más empleados, mediante la que se bonificará hasta el 2,5% de los gastos financieros.
Estos préstamos se pueden tramitar en las oficinas que Iberaval tienen en cada una de las capitales de provincia de la comunidad, así como en la de Ponferrada (León).
Por otro lado, la Junta ha activado el procedimiento para la solicitud de ayudas para paliar los daños materiales originados por los incendios en los sectores de comercio, artesanía y servicios. Esta línea de ayudas se canaliza a través de los ayuntamientos y ofrece ayudas de hasta 5.000 euros por negocio afectado.
Está destinada a paliar los gastos relacionados con la reparación de instalaciones, locales, talleres o dependencias afectadas por el fuego, el humo o el calor; la reposición de mobiliario, enseres, utillaje y herramientas dañadas o destruidas; la sustitución o reparación de maquinaria y equipamiento básico indispensable para la continuidad del negocio; la rehabilitación parcial del inmueble afectado en el que se desarrolle la actividad económica; y la adquisición de mercancías, materias primas y aprovisionamientos indispensables para retomar la actividad tras el siniestro.
Sin embargo, hay que señalar que la mayor parte de los daños causados por el fuego afectan al campo. La Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) estima unas pérdidas por encima de los 600 millones de euros en cultivos tanto leñosos como pastos y asentamientos apícolas, entre otros, como informaba EFEAgro.
¿Y el seguro?
Aparte de las ayudas gubernamentales, los afectados por los incendios también pueden echar mano de sus seguros para resarcirse de la tragedia.
Hay que recordar que los incendios forestales no son siniestros de los que se haga cargo el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), puesto que no es uno de los riesgos extraordinarios contemplados en su marco de cobertura, algo que sí sucede en el caso de las inundaciones como las causadas por la DANA.
No obstante, la cobertura de incendio es básica en la mayoría de pólizas patrimoniales, como seguros de hogar, comercio, industria o agrícolas. “Según condiciones, pueden contemplarse daños por humo o explosión, gastos de salvamento, demolición y desescombro y, cuando esté contratado, pérdida de beneficios o lucro cesante”, detalla Rafael Escarpizo, director de la Unidad de Siniestros de la correduría Jhasa.
Para una tramitación adecuada, este experto recomienda revisar la póliza y conservar restos y evidencias, como fotografías y vídeos; evitar reparaciones que no sean imprescindibles para prevenir daños mayores; y declarar el siniestro por escrito en un plazo máximo de siete días desde que se conoce el hecho, aportando recibos, inventarios y facturas. “La cobertura final dependerá de las condiciones particulares, límites y franquicias de cada contrato”, explica.
En cualquier caso, recuerda que “en paralelo a la reclamación ante la aseguradora o el corredor, pueden solicitarse ayudas públicas para reconstrucción, restauración ambiental y reactivación económica”.
“La tramitación coordinada de póliza y ayudas facilita la recuperación y reduce el impacto financiero, especialmente en explotaciones agrícolas y negocios con interrupción de actividad”, concluye.
