Déficit de seguridad en las presas: el riesgo de revivir la tragedia de la DANA de Valencia

Bajo el título ‘Seguridad de las presas españolas: una prioridad inaplazable’, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil (Asociación Caminos), perteneciente al Instituto de la Ingeniería de España (IIE), ha celebrado una jornada en la que se ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de reforzar la seguridad y el mantenimiento de las presas públicas en España, ante el grave deterioro de parte del parque hidráulico nacional.

María Cruz Díaz, presidenta del Instituto de la Ingeniería, y José Trigueros, presidente de la Asociación Caminos, coincidieron en que la gestión de la seguridad de las presas “es un asunto de Estado, no una competencia sectorial”.

Servicio público esencial

En la misma línea, Trigueros recordó que “la gestión de la seguridad de las presas debe considerarse un servicio público esencial, continuo, regular y uniforme, que no puede verse afectado por los ciclos presupuestarios ni por la falta de personal técnico especializado”

El CEO de Canal de Isabel II, Mariano González, subrayó, por su parte, que “las presas son infraestructuras estratégicas para la seguridad ciudadana. No hablamos solo de obras de ingeniería, sino de la garantía de abastecimiento y de control frente a sequías e inundaciones”.

Puso como ejemplo la gestión madrileña: “Este año los embalses han alcanzado niveles muy altos por las lluvias, y el sistema ha funcionado con plena seguridad y eficacia gracias a una vigilancia técnica constante”.

Carencias estructurales

Según datos presentados por la Asociación Caminos, el parque público español cuenta con 375 presas de titularidad estatal, gestionadas por las confederaciones hidrográficas.

112 (1 de cada 3) necesitan refuerzos estructurales urgentes.

75% requieren estudios complementarios de seguridad.

65% necesitan renovar o sustituir sus sistemas de auscultación y vigilancia.

50% deben rehabilitar los desagües de fondo.

3 de cada 4 (75,7%) carecen aún de planes de emergencia implantados, sin sistemas de aviso ni señalización en caso de riesgo.

Los datos, procedentes de la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico, confirman el deterioro progresivo de unas infraestructuras esenciales para la gestión del agua y la protección frente a fenómenos extremos.

La presa de Forata

Un caso alarmante es el de la presa de Forata, en Valencia, que depende de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Durante la DANA de octubre de 2024, la presa estuvo al borde del colapso.

Un fallo estructural habría liberado una avenida de hasta 20.000 m³ por segundo, afectando a más de 110.000 habitantes en municipios como Turís, Montroi, Real de Montroy, Carlet o Algemesí.

Actualmente Forata no cuenta con plan de emergencia implantado. No existen sirenas, señalización de evacuación ni protocolos activos, por lo que durante la DANA no se emitió ninguna alerta a la población.

“El caso de Forata simboliza la vulnerabilidad del sistema”, explicó Jesús Contreras, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Caminos.

“El problema no es solo técnico, es institucional. No existe un organismo independiente con autoridad y recursos para garantizar la seguridad de las presas públicas. En España, seguimos dependiendo de estructuras administrativas que son juez y parte”.

El ingeniero también citó otras presas que presentan deficiencias significativas, como la del Tejo (Segovia) –que afecta a poblaciones del municipio madrileño de Cercedilla y está sujeta a avisos recurrentes por parte de ese ayuntamiento por riesgo de rotura–, así como las de Arenós y María Cristina (Castellón), ambas bajo gestión de la CH del Júcar, que requieren refuerzos estructurales y mejoras de auscultación.

Gestión independiente 

Durante la jornada se denunció que el actual modelo de gobernanza genera un conflicto de intereses: las confederaciones hidrográficas son al mismo tiempo titulares y responsables de supervisar la seguridad de las presas, lo que impide un control realmente independiente.

Además, la normativa vigente (RD 264/2021) no se aplica plenamente al 95% de las presas existentes, quedando estas fuera de los estándares de seguridad obligatorios.

La Asociación Caminos propuso la creación de un Consejo de Seguridad de Presas, autónomo y con capacidad sancionadora, así como la reinstauración del antiguo Servicio de Vigilancia de Presas, dotado de técnicos especializados y financiación propia.

Lecciones del pasado

El profesor Francisco Bueno (Universidad de Burgos) recordó las causas más frecuentes de rotura y la importancia de una cultura preventiva:

“El riesgo cero no existe, pero la falta de mantenimiento y la pérdida de conocimiento técnico son el mayor riesgo de todos”.

El cierre de la jornada correspondió de María Jesús Otero, superviviente de la tragedia de Ribadelago (1959), en la que fallecieron 144 personas de los 532 habitantes de esta localidad zamorana, quien reclamó memoria y responsabilidad institucional:

“Entonces nadie nos avisó. Hoy todavía hay lugares donde tampoco habría aviso. No podemos permitirnos repetir la historia”.

Medidas urgentes

La jornada concluyó con una mesa redonda en la que también estuvo presente Imanol García, Consejero Técnico en la Dirección General del Agua.

Conclusiones y medidas urgentes

El acto concluyó con la lectura del Manifiesto por la seguridad y conservación de las presas en España, promovido por la Asociación Caminos y el Instituto de la Ingeniería de España. 

Entre las medidas urgentes destacan:

Incrementar la inversión en mantenimiento y modernización.

Implantar los planes de emergencia pendientes en todas las presas estatales.

Crear un organismo técnico independiente, con autoridad y financiación propia.

Reinstaurar el Servicio de Vigilancia de Presas, con personal cualificado.

Actualizar la normativa con criterios vinculantes y de adaptación al cambio climático.

Establecer una moratoria en la demolición de presas sin estudios técnicos y patrimoniales rigurosos.